Seis años de cárcel por fraccionar 18 contratos públicos y otorgarlos a dedo a un amigo por valor de 335.000 euros en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Fiscalía mantiene la petición de prisión para Laura Borràs y rebaja la del ex informático y colaborador tras confesar e incriminarla en el juicio.

En la última jornada de la vista oral, el Ministerio Público ha modificado las penas de seis años y tres años de cárcel que inicialmente solicitaba para los otros dos acusados en el caso: Isaías Herrero, el mencionado amigo de Borràs y beneficiario de los contratos, y Andreu Pujol, quien supuestamente se prestó a facturar trabajos a su nombre para ocultar la presunta adjudicación a dedo. Para Herrero solicita ahora dos años de cárcel, mientras que para Pujol la reducción se queda en un año y dos meses, un cambio que les libra de pasar por prisión.

El motivo de la rebaja, ha argumentado la Fiscalía, es la aplicación de la atenuante de confesión a estos dos acusados, quienes en su declaración ante el tribunal confesaron las presuntas irregularidades y delataron a Laura Borràs, al admitir que los contratos se adjudicaron a dedo y que siguieron instrucciones de la presidenta de Junts sobre cómo ocultarlo.

En ese sentido, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto ha recordado que los acusados, a quienes atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, "han declarado reconocer los hechos y la participación", lo que ha sido de vital "importancia para aclarar los hechos".

En su declaración como acusado, Herrero explicó que entre 2013 y 2018 ambos elaboraban unos presupuestos "comparsa", que acompañaban al principal para facilitar el fraccionamiento de contratos y la adjudicación posterior a dedo. En concreto y según Herrero, ambos troceaban los contratos para que no superasen los 18.000 euros, el mínimo importe establecido por ley para adjudicarlos de forma directa y no tener que pasar por un concurso público.

“La señora Borràs, en conjura con Isaías H., menospreció la confianza de los ciudadanos, actuó al margen de la normativa, tenía pleno conocimiento de que se fraccionaban contratos y de que se falseaban presupuestos. Ella era consciente de que lo que hacía era totalmente arbitrario y fue alertada de ello”, ha sentenciado la fiscal para cerrar un contundente informe de conclusiones ante la sala del TSJC.

Ahora, la presidenta de Junts se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por adjudicar 18 contratos a dedo por valor de algo más de 335.000 euros al mismo Isaías cuando presidía la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat, antes de su salto a la política.