El ejecutivo de Salvador Illa es un Govern en minoría en un Parlament fragmentado como nunca. Ante tal pluralidad de opciones políticas, en más de una ocasión opuestas unas de otras, Illa se ve obligado a hacer auténticos malabares para sacar adelante cualquier votación. Aunque se ha establecido un tripartito de facto para aquellas cuestiones realmente de fondo (como los tres suplementos de crédito), entre el PSC, los comunes y ERC, la realidad es que es una minoría, en muchos casos, forzada, pues lejos del extremismo de la formación de Albiach y de la ideologización independentista de los republicanos, el talante de Illa es más moderado y realista.

Amigo de las mayorías amplias, el presidente ha intentado contentar (o por convicción o por electoralismo) a todos los grupos. Vivienda y fiscalidad para la izquierda, autogobierno para el nacionalismo, y contundencia en seguridad y delincuencia para la derecha. Sin embargo, muchas medidas concretas que al Govern le gustaría sacar, ante la imposibilidad de articular una mayoría a corto plazo, las tiene que materializar como decreto ley, que depende únicamente del ejecutivo, y no tramitarlas como proyecto de ley, pues de ese modo debería contar con el aval del Parlament.

Este abuso de los decretos ley no está pasando desapercibido. Sin ir más lejos, esta semana, el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emitió un dictamen contrario al segundo decreto ley con el que el Ejecutivo catalán pretendía posponer la entrada en vigor del incremento de la tasa turística, aprobado por el Parlament el pasado 7 de mayo. El dictamen declara que el decreto ley del Govern no respeta las condiciones de urgencia y necesidad extraordinaria que exige el Estatut de Autonomía para poder legislar mediante este procedimiento excepcional.

El CGE es un órgano encargado de velar de que las leyes sean compatibles con el Estatut, pero no es vinculante. Se trata de lo equivalente al Tribunal Constitucional. Este es ya el segundo toque de atención del Consell de Garanties en pocas semanas sobre la misma cuestión. En abril, el órgano ya se había pronunciado en contra del decreto ley que establecía el aumento de la tasa por considerar que tampoco se justificaba la urgencia para aprobarlo sin un trámite parlamentario ordinario.

Un Govern que abusa

Los decretos ley son una figura jurídica con rango de ley pero que no siguen el procedimiento legislativo ordinario porque están pensados para temas de carácter urgente. Aunque entra en vigor de manera inmediata, una vez lo aprueba el ejecutivo tiene que llevarse al Parlament en un plazo de 30 días, donde tiene que ser convalidado. Por lo tanto, el Estatuto de Autonomía, que lo reconoce, lo define como una disposición legislativa provisional.

Es un mecanismo del que suelen abusar los gobiernos que están en minoría, pues no requiere de la articulación de una mayoría, solo 30 días después para convalidarlo. Tal es el caso de Salvador Illa: desde agosto, que fue elegido presidente, la Generalitat ha llevado al Parlament 13 decretos ley. Pere Aragonés, por su parte, llevó 44 decretos ley en 3 años que estuvo en el Govern. En su caso, la mayoría fueron durante la pandemia, una situación que sí requería la rapidez por la urgencia.

Tal y como explica Rosa María Lucas Bizarro, profesora de Derecho Constitucional en la UPF, «el uso y abuso del decreto ley se ha hecho siempre. Todos los gobiernos, tanto el catalán como el español. Incluso gobiernos con mayorías absolutas, como el del PP, legislaron en base de decreto ley. Como técnica jurídica es nefasta, es un error, porque está hecho de forma unilateral por el gobierno, lo que evita el pluralismo político que permite el Parlament».

Bizarro propone que, para paliar un poco esta falta de control, se podría permitir la introducción de enmiendas en el decreto ley, porque el debate que se hace en el Parlament es un debate a la totalidad y, por lo tanto, se limitan las opciones que tiene la oposición. «La aprobación del decreto ley afecta a la separación de poderes, porque relega la función del Parlament. El Govern se atribuye esta potestad legislativa que no le corresponde y se otorga un poder excesivo», sentencia.

Esta tendencia del ejecutivo de gobernar a golpe de decretos no gusta a la oposición. De hecho, Junts está llevando casi cada decreto al CGE. Sin embargo, en los años del procés eran los partidos no independentistas los que impugnaban los decretos de Junts y de ERC. De este modo, se ve que estas prácticas son una estrategia consolidada en Cataluña.