La entidad ultraindependentista Plataforma per la Llengua ha creado la "Guía Práctica de Autodefensa de los Derechos Lingüísticos", con el objetivo de "dar a conocer todo lo que podemos hacer para defender nuestros derechos como consumidores de manera efectiva, como registrar la situación y denunciar la discriminación por hacer cumplir la ley".

Asegura la entidad que "las vulneraciones de los derechos lingüísticos son cada vez más habituales en todos los ámbitos, pero sobre todo en los de la restauración, de la administración y de la sanidad. Son muestra de ello los casos recientes del exconseller de Interior Miquel Buch, a quien anularon una reserva en un establecimiento después de dirigirse en catalán al personal; del economista Ferran Piqué, que en una llamada a los Mossos para solicitar asistencia en un accidente pidió a un agente que le hablara en catalán y le colgó el teléfono, y de la paciente de 100 años del hospital Sagrat Cor de Barcelona, ​​a quien exigieron que hablara en castellano para ser atendida".

De hecho, aseguran que "las denuncias y las quejas por discriminaciones lingüísticas se han disparado en los últimos dos años, con unos 3.000 expedientes entre 2023 y 2024, más o menos la mitad de todos los que se han registrado desde 2012, según datos de la Agència Catalana de Consum (ACC). Sin embargo, el caso es que estas cifras no reflejan del todo la realidad porque la mayoría de los catalanohablantes no son suficientemente conscientes de sus derechos lingüísticos". Por ello, Plataforma ha publicado la "Guía Práctica de Autodefensa de los Derechos Lingüísticos" con el objetivo de "dar a conocer todo lo que se puede hacer para defender los derechos lingüísticos como consumidor de forma efectiva.

Ante todo, apuntan, "hay que saber que un derecho lingüístico es "el derecho de toda persona y comunidad a conocer, vivir, preservar y desarrollar su identidad cultural, incluyendo su identidad lingüística, en un marco de convivencia y diálogo intercultural". Así, los habitantes de Cataluña tienen "derecho a utilizar el catalán en las relaciones con las administraciones públicas, y de manera más limitada, también tienen derecho de hablar en catalán en las relaciones de consumo. Sin embargo, en diversos ámbitos se siguen vulnerando estos derechos lingüísticos".

Por ejemplo, "la restauración es el principal sector objeto de quejas y denuncias, con casi la mitad: más de 600 el pasado año entre restaurantes, bares y granjas. Y, en la misma línea, las quejas por discriminación lingüística en el ámbito sanitario siguen siendo las más frecuentes de las que tienen lugar en las relaciones con la administración pública: en 2024 crecieron un 17,7% en el sistema de salud público y un 10,6% en la sanidad privada. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se consideran discriminaciones lingüísticas, aclara la entidad, "las exigencias a los ciudadanos de expresarse en otra lengua diferente del catalán para acceder a un servicio, la denegación o la obstaculización de este servicio por el hecho de expresarse en catalán o la negativa de tratar a los usuarios catalanohablantes del mismo modo que les habla".