«Limitar la compra especulativa de vivienda afecta al derecho de propiedad»

El acceso a la vivienda es, además del primer problema para los ciudadanos de Barcelona y Cataluña, el núcleo de un intenso debate de actualidad en la política catalana. Carles Sala es portavoz de las API, que recientemente firmaron un pacto tranversal para ser parte de la solución a esta problemática.

Los barceloneses y los catalanes nombran a la vivienda como su primera preocupación. ¿Qué factores pesan más en esta escalada de preocupación?

Que sea el principal problema de la ciudadanía es comprensible, pero que lo sea en todos los ámbitos geográficos de Cataluña no sería correcto. Es un problema enorme ahora mismo en los ámbitos más densificados y metropolitanos. No lo es en zonas menos densificadas o más rurales: los precios y el acceso no tienen nada que ver con las áreas metropolitanas. Aun así, la Generalitat ha declarado áreas tensionadas municipios como Santa Bárbara o Calaf, lo que me parece un pequeño disparate en la aplicación de la ley de vivienda: hay municipios en zona tensionada con cero solicitudes de vivienda de protección oficial. Estamos liderando el crecimiento demográfico, básicamente por movimientos migratorios, necesarios para la economía. Pero estamos triplicando la creación de nuevos hogares respecto a las viviendas que se terminan. Hay un shock de demanda brutal que no encuentra respuesta. La Administración, en el corto y medio plazo (6–8 años), no podrá sustituir al propietario privado en la provisión de vivienda. En alquiler se ve clarísimamente en Barcelona: cuando un agente saca una vivienda de alquiler habitual, a las pocas horas —o minutos— recibe 300 propuestas; de esas, solo prospera una. Eso hace que muchas viviendas ni se publiquen y el acceso dependa del boca-oreja, porque no hay oferta.

En Barcelona, la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida ha generado más debate que resultados.

Desde 2015, con la Ley de Emergencia Habitacional —una iniciativa ciudadana aprobada por unanimidad— hemos vivido una hiperactividad legislativa basada en «ocurrencias». Ahora parece haber una competición por ver quién logra el titular más llamativo. Diez años después estamos peor. La medida del 30% quizá tenía un buen propósito, pero el mecanismo no ha servido y, en lugar de corregir, se ha mantenido. El 30% debe reformarse cuanto antes; y si no, derogarse. Lo que Barcelona necesita es mucha vivienda de alquiler asequible y un parque público robusto. Si hay que crear nuevos impuestos o cargas a los tenedores de suelo para contribuir, se hace.

¿Es posible jurídicamente prohibir la compra especulativa de vivienda?

Ni siquiera se ha definido bien especulación. Es otra ocurrencia que no ataca la especulación. La Constitución ya fija que en urbanismo debe evitarse la especulación. Se usan términos que suenan bien sin profundizar, de titular de redes. Además, como abogado, intuyo que aunque se plantee con carácter temporal y ligado a zonas tensionadas, la propuesta afecta al núcleo esencial del derecho de propiedad y difícilmente superará el test de legalidad.

El Parlament debate también regular los alquileres de temporada y por habitaciones.

Ambas cuestiones están en el Consejo de Garantías Estatutarias. Si dictamina que no es legal que el Parlament o la Generalitat regulen temporada y habitaciones, espero que el president cumpla su palabra de no hacer nada fuera del marco jurídico. Dicho esto: la huida hacia el alquiler de temporada es generalizada en toda España por la percepción de riesgo del propietario. La frase que más oímos a los propietarios es «no queremos problemas». Se pierde renta por índices o referencias, sí, pero lo principal es evitar problemas. Con una nueva norma, probablemente bajarán algunos precios de temporada, pero esos pisos no volverán al alquiler tradicional: la sensación es que lo temporal se prorroga y se vuelve estructural. Eso genera inseguridad y riesgo.

En los últimos años, varias normas de vivienda han sido anuladas por los tribunales.

Quien promueve estas normas piensa: «si ganamos 18, 24 o 36 meses, ya está bien». Creo que realmente creen que estas normas son parte de la solución. Les pediría que miren la evidencia disponible sobre cómo funcionan estas medidas. Antes podía haber dudas competenciales, pero tras pronunciamientos como los relativos a contención de rentas y obligaciones contractuales, hay que ir con cuidado para no incurrir en algo que podría rozar la prevaricación legislativa. Y luego está la aritmética parlamentaria: gobiernos arrastrados por propuestas que se ponen sobre la mesa a cambio de lo que sea, y se acaban aprobando posiciones que ni se veían venir.

Las API anunciaron un gran pacto para ser parte de la solución. ¿Qué papel queréis tener?

Hay que alinear a todos: el sector financiero, el activismo social y la Administración. Busquemos el mínimo común múltiplo, no el máximo común divisor. No se trata de comprar relatos de buenos y malos, ricos y pobres o especuladores. Queremos impulsar un pacto transversal: si alguien se levanta de la mesa, que se levante; pero si podemos acordar, impulsemos y llevemos a la práctica. Sería deseable incluso un pacto de Estado por encima de ideologías.

Si tuviera que dar un consejo a un joven que quiere emanciparse en Barcelona, ¿qué le diría?

Que aproveche la línea abierta por la Generalitat para el acceso de los jóvenes. Apoyamos las medidas de fomento y el nuevo modelo de protección oficial, que España debería haber copiado en su plan 2026–2030. Me parece más interesante el préstamo que la ayuda directa, aunque implique calificar la vivienda en protección oficial de por vida: no pasa nada; tendrá su revalorización ligada al IPC. Que, si encuentra vivienda, la compre; pero que tenga claro que Barcelona no es Madrid: 100 km² frente a 600 km².