Scarlett llegó a Barcelona en 2018 procedente de Honduras, su país de origen del que tuvo que huir porque su vida y la de su hijo, que por entonces tenía 8 años, corría peligro.

Las bandas asesinaron a su marido, que regentaba una tienda de zapatos, por no poder hacer frente al pago de los impuestos que éstas exigen a los comerciantes y, a continuación, le reclamaron a ella el pago de la deuda. Tras varias semanas escondiéndose en parajes inhóspitos de Honduras, decidió poner tierra de por medio y refugiarse en Barcelona, donde llegó como exiliada.

Así las cosas, Scarlett y su hijo aterrizaron en la Ciudad Condal con lo puesto. No tenían vivienda ni trabajo, ni siquiera una red de apoyo. Hasta unos dos meses después de su llegada, ella no logró un trabajo.

Con empleo pero sin vivienda

Su primero empleo fue en casa de una señora, donde trabajaba dos horas al día por 20 euros, pero no fue hasta después de la pandemia cuando encontró un empleo que le "permitía ahorrar". El horario era desde las 7 horas a las 17 horas y su tarea era cuidar de una persona mayor, quien no tenía inconveniente en que la mujer se llevara al niño al puesto de trabajo cuando éste salía de la escuela.

Y es que como indica Scarlett, al margen de "la falta de papeles", su principal problema a la hora de encontrar un empleo en condiciones era la conciliación familiar."No podía hacer de interna para no dejar solo a mi hijo y tenía que escoger trabajos en los que me dejaran llevarlo cuando saliera de la escuela y esos trabajos están mal pagados", lamenta.

En esta situación, Scarlett no disponía de los recursos necesarios para hacer frente a los gastos derivados de una vivienda, ya que sus ingresos no eran suficientes y además debía sufragar todos los gastos derivados de la escolarización y manutención de su hijo, un niño con TDAH y problemas para sociabilizar.

Por lo tanto, durante varios años, madre e hijo tuvieron que vivir en una habitación de alquiler, donde, pese a pagar 450 euros al mes, el niño no podía usar los espacios comunes, tan solo podían poner una lavadora a la semana y usar la cocina dos veces al día. "Mi hijo vivía preso en una habitación y cuatro paredes y ni siquiera podía ducharse cuando quería", recuerda Scarlett, quien admite que, durante esa época, el niño, que además sufría bullying en la escuela, "lo pasó muy mal y quería volverse a Honduras".

Pero entonces, una trabajadora social de Cáritas que le apoyó desde su llegada a España, propuso a Scarlett inscribirse en un programa de la Fundación Habitatge Social para acceder a una vivienda de alquiler social, en la que lleva residiendo desde hace 4 años. Eso lo cambió todo.

Un mercado inaccesible

"Para mí, es súper imposible acceder a una vivienda", asegura esta hondureña. "Ahora, tras el fallecimiento de la persona mayor para la que trabajaba, estoy empleada en dos empresas, en una de ellas trabajo de lunes a viernes de 6 a 9 horas y martes una hora al día y viernes dos más, y en la otra de lunes a sábado de 18 a 20 horas, y con todo ello, gano 850 euros al mes", explica Scarlett.

Con este salario, la mujer ha de hacer frente a todos los gastos asociados a la educación y manutención del niño y apenas le quedan recursos para invertir en vivienda, un mercado en el que los precios, tanto de alquiler como de compra, están por las nubes.

"Mi hijo estudia en un centro de Barcelona y cuando nos dieron el piso de alquiler social nos tuvimos que mudar a Badalona, pero tanto los psiquiatras que le llevan como los psicólogos desaconsejan un cambio de centro porque él sufre múltiple separación y tiene dificultades para socializar y establecer vínculos con las personas, sin embargo, al estar empadronado en un municipio y estudiar en otro diferente, me dicen que no nos pueden conceder una beca", explica Scarlett, quien además se encuentra con los gastos recurrentes asociados a la práctica del fútbol por parte del niño, así como los de alimentación, vestimenta...

En definitiva, ella es una víctima más de la crisis residencial que azota a tantas familias monoparentales en España cuando una vivienda es un bien de primera necesidad, clave para el bienestar y equilibrio de una familia, especialmente una que trata de reiniciar la vida en un país nuevo, sin apoyos. "Tener un hogar es fundamental para integrarse y rehacer la vida", destaca Scarlett.

"Disponer de un lugar estable en el que vivir te da tranquilidad, te lo soluciona todo, porque entonces ya puedes focalizarte y centrar tu mente en el trabajo", asegura para a continuación destacar que si para ella eso es importante, para su hijo aún más. "Hasta que no hemos tenido una vivienda para nosotros, él no ha podido ser él mismo, no ha podido desarrollarse a nivel personal".

"Ahora, me esfuerzo para trabajar mucho para poder ahorrar y hacerme con mi propia vivienda", comenta Scarlett, quien es consciente que el techo que la Fundación Habitatge Social ha puesto a su disposición es un apoyo transitorio con el cual, junto con el acompañamiento socioeducativo que ofrece la entidad, espera crear las condiciones que, a corto plazo, favorezcan el que ella misma tenga capacidad para hacer frente a los gastos de su propia vivienda, algo que cada vez resulta más difícil, sobre todo para las familias monoparentales.

Las familias monoparentales, las más azotadas

Como reflejan los datos de la fundación, de las 473 familias, que se corresponden a 1730 personas- 610 de ellas menores- atendidas el año pasado, solo 28 alcanzaron su autonomía residencial y dejaron el piso de la entidad tras una estancia media de 5 años y 6 meses. De ellas, el 43% eran parejas con hijos, mientras que el 25% eran familias monoparentales, el perfil más golpeado actualmente por la exclusión residencial.

Al respecto, cabe indicar que en 2024 se evidenció un cambio en el perfil de las familias atendidas, ya que por primera vez las monoparentales superaron a las parejas con hijos. Si bien es cierto que el año pasado se produjo un leve descenso del número de familias a las que la entidad ofreció un hogar al pasar de las 477 de 2023 a las 473 -básicamente porque desde finales de noviembre a fin de año salieron 9 familias- , también se evidenció un aumento de las monoparentales, que ya representan el 39% del total -37% con una mujer al frente y 2%, con un hombre- mientras que las parejas con hijos son el 38%.

Así, en 2023 fueron 162 las familias monoparentales atenidas y al año siguiente esa cifra se incrementó hasta las 185, cuando solo cuatro años antes eran 141.

En definitiva, la exclusión residencial impacta de forma más intensa a las familias monoparentales encabezadas por una mujer, la cual, además, frecuentemente se encuentra con un techo de cristal institucional que le impide acceder a una alternativa residencial y alcanzar una autonomía real y todo ello comporta graves consecuencias sociales y emocionales, tanto para esa madre como para los hijos.

Ante esta realidad, con el fin de romper con esas barreras estructurales que cronifican la pobreza entre este colectivo, la Fundación Habitatge Social propone la creación de ayudas específicas al alquiler para familias monoparentales así como de líneas de aval que faciliten el paso del alquiler social al mercado privado y plantean la necesidad de ofrecerles más vivienda de protección oficial o más puntuación en los baremos de adjudicación