El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern para aplazar la aplicación de la nueva tasa turística, que tiene por objetivo retrasar hasta octubre la entrada en vigor de este gravamen, con los votos favorables de PSC-Units, ERC y Comuns; el voto en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana; y se tramitará como proyecto de ley.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha justificado la prórroga por la seguridad jurídica que aporta y por respeto a la tramitación parlamentaria: "Si entraba el 1 de mayo, era evidente que entraba tal y como se aprobó y no permitíamos las modificaciones oportunas que creyeran los grupos".

"Es una medida correctora y garantista, como digo, de modificación del decreto ley, de la entrada en vigor de ese decreto ley aprobado. Su objetivo no es otro que preservar esta coherencia normativa, proteger a los operadores y asegurar una aplicación ordenada de este impuesto de régimen tributario", ha añadido.

El decreto ley ha llegado al pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), a petición de Junts, emitiera un dictamen --no vinculante-- sobre esta misma cuestión que recogía que las medidas planteadas en el texto no justificaban la urgencia para tramitarlo vía decreto.

Romero ha afirmado que no es la primera vez que con un decreto ley se modifican impuestos o figuras impositivas, y que se ha hecho muchas otras veces: "No queríamos generar más incertidumbres o más inseguridad en este momento".

Aprobación en mayo

En mayo, el Parlament aprobó la tasa turística y rechazó un decreto que postergaba su aplicación hasta octubre con el voto en contra de los Comuns, y el Govern pactó con la formación liderada por Jéssica Albiach posteriormente que la Cámara aprobara prórroga.

El decreto que prevé que la tasa sea de aplicación "en el primer periodo de liquidación que se inicie a partir de la entrada en vigor de la ley que se apruebe" en el Parlament.