El Parlament se empeña en contradecir la «estabilidad» de Illa

El Debate de Política General celebrado la semana pasada en el Parlament de Cataluña ha confirmado lo que ya se intuía desde el inicio de la legislatura: la cámara catalana está más fragmentada y polarizada que nunca. Salvador Illa, que afrontó su primer gran debate como presidente de la Generalitat, dibujó una Cataluña «centrada», próspera y que crece mediante un discurso triunfalista, convencido de que el nuevo rumbo socialista ha devuelto la estabilidad y la confianza institucional. Sin embargo, el resto de grupos se encargó de recordarle que gobernar en minoría, con un Parlament catalán dividido en bloques ideológicos irreconciliables, será una tarea tan difícil como incierta.

De este modo, su relato de normalidad institucional y política contrastó con la lluvia de reproches que recibió desde todos los grupos parlamentarios. Cada partido, a su manera, le suspendió: los independentistas por tibio, la derecha por sometido, y la izquierda por insuficiente.

«Sucursal de la Moncloa»

Junts y el Partido Popular coincidieron en el diagnóstico: Illa padece una alarmante falta de gestión y ha convertido la Generalitat en una sucursal de la Moncloa. Albert Batet acusó al president de ser un «anestesista» al servicio de Pedro Sánchez, encargado de «adormecer el país para espanyolizarlo». El dirigente de Junts lamentó que el PSC haya renunciado a cualquier reivindicación nacional y reclamó que el Govern se alinee con el pacto de Bruselas, advirtiendo de un posible «cambio de rumbo» si no hay avances en la negociación con el PSOE. Además, recordó la «mala gestión» del Govern durante la crisis del apagón, la crisis de Rodalies, la crisis de la DGAIA, y el escándalo de las adjudicacciones por error de las plazas educativas, de finales del curso pasado.

Desde el otro extremo ideológico, Alejandro Fernández aprovechó el debate para reivindicar al PP como «alternativa» frente a un Govern que considera débil y errático. Acusó a Illa de actuar como «mediador entre Sánchez y Puigdemont» y de mantener viva la anomalía política en Cataluña. Populares y posconvergentes coincidieron también en reclamar rebajas fiscales y en criticar los planes de vivienda del Govern, así como su dependencia de los Comuns para sacar adelante los presupuestos y para «seguir empeorando» el problema de la vivienda con medidas que no funcionan».

Socios de investidura

Los aliados de investidura, lejos de darle un respiro, se mostraron más exigentes que nunca. ERC y los Comuns reclamaron más cesiones y un mayor compromiso con los pactos que permitieron la investidura. Los republicanos, con Josep Maria Jové al frente, hicieron del nuevo sistema de financiación singular su bandera: una condición «incondicional» para negociar los próximos presupuestos. «Respóndame, si no a nosotros, a Junqueras, que está aquí», desafió Jové, visiblemente molesto ante el silencio del president.

Jessica Albiach, por su parte, aprovechó su intervención para exigir ambición y celeridad: «La gente sufre los problemas de vivienda y desigualdad ahora», en referencia al gran anuncio que hizo Illa para construir viviendas en los próximos años. Los Comuns, de este modo, reclaman medidas inmediatas contra «la emergencia habitacional», más recursos contra la extrema derecha, y un compromiso firme en materia de feminismo, LGTBIfobia, racismo y derechos humanos. Además, David Cid, portavoz de la formación, pidió la subida de impuestos a los ricos y a los «defraudadores» y aseguró que «Cataluña no es un infierno fiscal». Su voto, como el de ERC, será decisivo para aprobar las cuentas, pero también su nivel de satisfacción con el rumbo del Govern de Illa.

Inmigración y seguridad

La llamada «derecha dura» ocupó el resto del debate con discursos de orden y contra el «wokismo». Ignacio Garriga, desde Vox, repitió su receta habitual: bajar impuestos, endurecer la política migratoria y eliminar las leyes de género, memoria o cambio climático. «Acabaremos con la islamización de Cataluña», proclamó, mientras proponía expulsar a los inmigrantes ilegales y suprimir subvenciones a entidades que promuevan el aborto o la eutanasia.

Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, compitió en el mismo terreno con un discurso centrado en la seguridad y la inmigración. Habló de «invasión» y pidió una moratoria a la entrada de extranjeros para «proteger la lengua y reducir el paro». También propuso eliminar el lenguaje inclusivo de las escuelas y reforzar la disciplina en las cárceles catalanas. El debate dejó claro que la serenidad de la que tanto presume Salvador Illa, será difícil de sostener.