La precariedad residencial entre las personas en situación irregular es 25 puntos porcentuales mayor

En 2024, Cáritas Barcelona acompañó a 33.829 hogares, en los que viven 79.083 personas, cifras éstas que representan en torno a un 3% menos que el año anterior, sin embargo, están un 1% por arriba de la media de los últimos 5 años. Además, pese a este leve descenso en el número de familias atendidas, de las cuales un 48% recibieron el apoyo de Cáritas por primera vez, se han visto intensificadas sus necesidades, lo que pone de manifiesto un año más que las personas con menos recursos no han logrado recuperar los niveles previos a la gran recesión.

Son principalmente los hogares unipersonales (46%) los que fueron atendidos por Cáritas el año pasado en Barcelona, una casuística que va en aumento, mientras que las mujeres representaron más de la mitad (58%) del total de personas acompañadas por la entidad. Preocupa especialmente que el porcentaje de hogares con niños y adolescentes alcanzara ya el 38%, así como la situación de las personas extranjeras no comunitarias que se encuentran en una situación administrativa irregular, que representan el 56% del total, de las cuales una de cada cuatro son niños o adolescentes.

El doble castigo de las personas irregulares

Y es que ésta es una condición que agrava la exclusión social. Así, si entre la población en situación regular atendida por Cáritas la precariedad habitacional afecta al 61% y la laboral al 66%, entre aquella que se encuentra en situación irregular, que proceden principalmente de Hispanoamérica (Honduras, Venezuela, Perú, Colombia) y Marruecos, estos porcentajes aumentan hasta el 86% y el 95% respectivamente.

En definitiva, tal y como destacó Miriam Feu, responsable de análisis social de Cáritas de Barcelona, durante la presentación de estos datos, "la regularización administrativa es un paso básico hacia la inclusión social" y, en esta línea, en 2024 Cáritas contribuyó a la tramitación de 916 procesos de regularización, un 11,4% más que el año anterior.

Y es que en relación a los dos grandes motores de pobreza y exclusión en la actualidad, "las dificultades para acceder a una vivienda digna se multiplican por cuatro cuando se trata de personas de nacionalidad extracomunitaria, mientras que en relación al mercado de trabajo, la tasa de trabajadores pobres se triplica entre este colectivo", indicó Feu.

Al respecto, Eduard Sala, director de Cáritas Barcelona, destacó que "la situación irregular es un doble castigo, porque por un lago hace la exclusión social sea más intensa y, por el otro, convierte a estas personas en la principal diana de los discursos de odio".

Precariedad residencial y laboral

En cuanto a la precariedad laboral en el marco de las personas atendidas por Cáritas Barcelona, la memoria de 2024 revela que el 82,9% de los individuos en edad laboral estaba en el paro o trabajando en la economía sumergida, mientras que un 17,1% tenía un empleo precario o estaba inactivo.

En relación a la exclusión residencial, el informe pone de manifiesto que el 74% de los hogares atendidos no disponían de una vivienda digna -casi dos puntos porcentuales más que el años pasado - de los cuales un 51% vivían en habitaciones de realquiler y, entre estos últimos, ocho de cada 10 tenían miembros en situación administrativa irregular.

Ante esta realidad, el año pasado, Cáritas, que invirtió 22,5 millones de euros en acompañar y atender a estas familias, logró evitar que 3.520 personas se quedaran sin hogar a través de dos vías: las ayudas a la vivienda por valor de 1,1 millones de euros y los pisos unifamiliares, compartidos o centros residenciales, de los que se beneficiaron 1.918 personas.

Asimismo, la entidad contribuyó a la formación de 1.905 personas y a que 1.263 encontraran trabajo, así como apostó de forma decidida por la acción comunitaria potenciando los espacios relacionales y de construcción de vínculos, permitiendo de esta manera que más de 15 mil personas ampliaran su red social.

Responsabilidad política

Sin embargo, desde la entidad son conscientes de que "desde hace unos cinco años, nos estamos moviendo por encima de nuestras posibilidades; ya avisamos hace tiempo que habíamos llegado a nuestro techo", por lo que, en este contexto, no solo hacen un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía y al apoyo comunitario para mejorar la situación de las personas en situación de exclusión social, sino que además, y sobre todo, reclaman que "no se vulneren los derechos de la población, especialmente tres, como son el de la protección social, sobre todo de la infancia, el de la vivienda y el de la libertad de circulación y residencia", señaló Sala, quien instó "al gobierno ha garantizar esos derechos".

En esta línea, el director de Cáritas insistió en la importancia de "garantizar el empadronamiento y la atención por parte de los servicios sociales a todo el mundo, independientemente de su situación administrativa; acabar con el sinhogarismo y la exclusión residencial y ampliar la oferta de vivienda social de emergencia y, por último, garantizar que la decisión de migrar sea una elección, no una necesidad y si es una necesidad, que sea por una vía segura".

Por ello, Salas invitó a "los políticos a pensar en el bien común y no solo en los votos". "Tenemos los recursos, pero son necesarios acuerdos a largo plazo, como un plan de vivienda, y no acuerdos que no se enmarquen solo en un mandato", concluyó