El primer año de Salvador Illa al frente de la Generalitat, iniciado tras su investidura en agosto de 2024, se presentaba como una etapa de estabilidad política después de más de una década marcada por el procés y las tensiones institucionales. Su llegada al Palau fue celebrada por buena parte del empresariado y por sectores que veían en el nuevo presidente la oportunidad de abrir una etapa más pragmática, orientada a la gestión y alejada del conflicto soberanista. Illa, por su parte, se esforzó desde el primer día en atender algunas de las demandas de esos actores, como la promoción económica, la atracción de inversiones y el impulso de proyectos estratégicos, entre ellos la ampliación del Aeropuerto del Prat. Sin embargo, más allá de este nuevo clima político, su primer año ha estado marcado por errores de gestión, decisiones controvertidas y retos que aún no ha conseguido resolver y que condicionarán su segundo año de mandato.

El primer y más evidente tropiezo ha sido la incapacidad para aprobar los presupuestos de 2025. La negociación con sus socios parlamentarios, especialmente con ERC, encalló en las discrepancias sobre el alcance de la financiación singular y la capacidad recaudatoria de la Generalitat, lo que hizo que se levantaran las negociaciones para aprobar las cuentas. Para más inri, la fórmula surgida de la comisión bilateral con el Gobierno central no se ajustó del todo a lo pactado con los republicanos, y la recaudación del IRPF se ha pospuesto hasta 2028, dos años más tarde de lo previsto, lo que hace peligrar la aprobación de los presupuestos de 2026. Oriol Junqueras ya ha advertido que, sin avances concretos en esta materia, no habrá acuerdo, lo que mantiene en el aire las cuentas públicas.

Otro de los episodios más críticos de este primer año ha sido el caos en Rodalies. La situación ferroviaria, históricamente conflictiva en Cataluña, se convirtió en la primera gran crisis de gestión del Govern en marzo, cuando una sucesión de incidencias y retrasos masivos provocó un alud de quejas y, por primera vez, una manifestación ciudadana para denunciar el estado del servicio. Aunque las competencias efectivas todavía dependen del Ministerio de Transportes, Illa asumió la responsabilidad política, lo que no evitó que el Parlament le reprobara en dos ocasiones. El cambio de color en la Generalitat no ha supuesto mejoras sustanciales: las jornadas de caos se han seguido acumulando y Rodalies continúa siendo un dolor de cabeza para el Ejecutivo catalán del PSC.

La política de vivienda ha sido otro de los puntos de fricción, especialmente por el acuerdo con los Comuns para incluir los contratos de alquiler de temporada dentro de la regulación general de precios. Hasta ahora, este tipo de arrendamientos quedaba fuera del control de rentas establecido por la ley estatal, lo que lo había convertido en un resquicio para la especulación inmobiliaria. La nueva normativa catalana cierra esa vía, introduce un régimen sancionador y prevé un aumento de inspectores para velar por su cumplimiento. El pacto, que contó con el apoyo de toda la izquierda, incluida la CUP, provocó un duro enfrentamiento con la patronal Foment, calificó el acuerdo como «el mayor atentado a la propiedad privada en la historia de la democracia». A ello se sumó el malestar empresarial por la posibilidad de futuros incrementos fiscales negociados con los Comuns, lo que tensó unas relaciones que, en el inicio del mandato, parecían más sólidas.

En el ámbito social, el Govern también se vio salpicado por la gestión tardía de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La institución atravesaba problemas de gestión y, en paralelo, surgieron dudas sobre la protección ofrecida a una menor víctima de una agresión sexual. Las críticas de la oposición y de entidades vinculadas a la infancia se multiplicaron, obligando al Ejecutivo a acometer una reforma interna que buscaba restablecer la confianza en el organismo, aunque el daño reputacional ya estaba hecho.

El quinto gran borrón de este primer año llegó desde el Departamento de Educación, con el caos en el proceso de adjudicación de plazas para interinos docentes. Una incidencia informática obligó a repetir todo el trámite, lo que desató la indignación de los sindicatos de profesores. El Govern reaccionó destituyendo al subdirector responsable del procedimiento, pero la oposición aprovechó el error para cuestionar la capacidad de gestión del Ejecutivo en áreas clave como la educación pública.