El PSC se la juega a Esquerra con una «descafeinada» Renfe catalana

ERC había hecho del traspaso de Rodalies un símbolo de su idea de autogobierno, una pieza clave en su relato sobre el "retorno del poder a Cataluña" y un elemento recurrente en sus negociaciones con el PSOE tanto en Madrid como en el Parlament. Sin embargo, el resultado del acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para la creación de la nueva empresa Rodalies de Catalunya está lejos del modelo que Esquerra había prometido a sus votantes. Con mayoría accionarial para Renfe (50,1%) y decisiones estratégicas sometidas a mayorías cualificadas, el pacto se presenta como una cesión a medias, un traspaso limitado que no encaja con el discurso maximalista que los republicanos han mantenido durante años.

Lo paradójico es que, a pesar de no lograr sus objetivos, ERC ha optado por presentar el acuerdo como una victoria. La portavoz parlamentaria, Ester Capella, defendió con entusiasmo la creación de la nueva empresa pública, recalcando que la gobernanza estará "en manos de la Generalitat". Pero en la letra pequeña del pacto se observa que el poder decisorio sigue atado a mecanismos de control compartido, a través de un consejo de administración de mayoría catalana, cinco miembros frente a cuatro, pero que solo podrá adoptar decisiones clave si hay consenso. Es decir, sin independencia de acción.

Este traspaso, además, no se produce de forma inmediata. El proceso será progresivo, sin fechas cerradas para una cesión completa, y estará condicionado a complejos requisitos técnicos y administrativos. Mientras tanto, la futura Rodalies de Catalunya, integrada en el grupo Renfe, comenzará a operar a partir de 2026, en lo que más que una transferencia de competencias parece una fórmula de cogestión tutelada. No es lo que ERC prometió.

En el fondo, el caso Rodalies pone de relieve la encrucijada política en la que se encuentra ERC. En plena decadencia electoral y con Junts ganando terreno en el ámbito soberanista, los republicanos han decidido aferrarse al PSC como tabla de salvación. Ya no les queda otra opción. En Madrid, el PSOE necesita sus votos para mantenerse en Moncloa; en Cataluña, los socialistas los necesitan para llegar a la Generalitat. Y ERC sabe que su única forma de seguir influyendo en ambos gobiernos pasa por preservar ese equilibrio político. Por eso, a pesar de que el acuerdo no responde a sus exigencias maximalistas, Esquerra ha optado por tragarse el sapo. La alternativa era quedarse fuera del tablero.

Un traspaso no deseado

El pacto anunciado esta semana contempla la creación de una empresa mixta con sede en Barcelona, cuya composición refleja a la perfección la ambigüedad del acuerdo. Renfe tendrá el 50,1 % del capital social, mientras que la Generalitat dispondrá del 49,9 %. No obstante, en el consejo de administración, la Generalitat contará con cinco de los nueve miembros, incluido el presidente con voto de calidad, frente a los cuatro que nombrará Renfe, uno de los cuales será sindical. A primera vista, esto permite a la parte catalana asumir la dirección del nuevo ente, pero la letra pequeña impone mayorías cualificadas para decisiones estratégicas, como aquellas que impliquen un gasto superior al 10 % del presupuesto.

Además, aunque el acuerdo contempla que la Generalitat pueda "instar" en el futuro la compra de acciones para hacerse con la mayoría del capital, no hay ni obligación, ni calendario, ni garantía de que eso vaya a producirse. De hecho, cualquier cambio de este tipo requerirá una nueva negociación con Renfe y con los representantes de los trabajadores, lo que en la práctica lo hace extremadamente complicado.

El propio secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, reconoció que mantener a la empresa dentro del grupo Renfe es una garantía de que el proceso podrá desarrollarse con mayor celeridad. Es decir, el traspaso no es integral porque, sin Renfe, sería más lento y más difícil. Una justificación que no oculta el fondo de la cuestión: la Generalitat seguirá dependiendo de Madrid.