Solo 64 de los 730 centros de alta complejidad son concertados

Cataluña está trabajando decididamente en la lucha contra la segregación escolar, sin embargo, tal y como denuncian desde la Fundación Jaume Bofill, el decreto de conciertos, que data de 1993, es un freno que no permite avanzar en este sentido por tratarse de un mecanismo obsoleto que fomenta la segregación cuando en realidad debería ser una herramienta clave para desplegar el Pacto contra la Segregación Escolar.

En este sentido, un estudio elaborado por la misma entidad, señala que de los 730 centros de alta complejidad existentes en Cataluña, solo 64 son concertados y, en esta misma línea, pone de relieve que el sector concertado solo escolariza un 11% del alumnado extranjero, mientras que en la red pública este porcentaje alcanza el 20%. Al respecto, María Segura, experta en políticas contra la segregación escolar, comentó ayer, durante la presentación del informe, que "es necesario que el decreto permita equilibrar la composición social de los centros para que éstos representen la diversidad de los barrios", algo que hoy en día no sucede puesto que la actual regulación de conciertos crea un sistema que genera diferencias de corresponsabilidad, no solo entre el sector concertado y la red pública, sino incluso dentro de la propia red concertada.

Y es que el actual decreto de conciertos deja a la voluntad de los centros la aplicación de las medidas contra la segregación escolar, de manera que depende de la responsabilidad de cada uno de ellos que éstas se apliquen o no. Ejemplo de ello es lo que sucede con la programación de la oferta educativa ajustada, que si bien se aplicó en bloque en la escuela pública, en la concertada corre a cuenta de cada centro. En este sentido, el informe pone de manifiesto que en la última preinscripción, mientras en la red pública se ajustó la oferta de plazas a la demanda, reduciendo así la ratio en el contexto de una sociedad con una demografía en decrecimiento, en la concertada esto no se produjo, o al menos no se produjo de forma generalizada, y sabido es que una sobreoferta de plazas genera disfunciones en la distribución del alumnado y, en consecuencia, promueve la segregación.

Así pues, de cada 10 plazas del sector concertado, dos quedaron vacantes en la pasada inscripción en aquellos municipios de más de 10 mil habitantes y, puesto que la aplicación de las medidas de reducción de la oferta es opcional en el sector concertado, el 73% de los centros de esta red redujo la ratio, pero solo el 44% lo hizo en la misma medida que las escuelas públicas de su municipio. Pero además, esta falta de regulación no solo crea diferencias entre la red pública y la concertada, sino que los desequilibrios son también internos dentro del mismo sector concertado ya que, como señala Segura, "no todos los centros concertados tienen la misma corresponsabilidad". En este sentido, cabe señalar que solo el 53% tiene una composición parecida a la de su entorno y únicamente el 10% son de alta complejidad y fueron precisamente éstos, los pequeños y con más concentración de alumnos extranjeros los que en mayor medida redujeron la ratio para ajustar la oferta a la demanda.

Por todo ello, el decreto vigente supone un freno al despliegue del Plan contra la segregación escolar y más por cuanto la financiación pública de la red concertada no está condicionada por la complejidad y las necesidades de cada centro, sino que que la dotación de recursos es lineal, lo cual perjudica a aquellos centros más corresponsables. A todo ello hay que sumar además un retraso en el pago de las subvenciones a los centros por alumno vulnerable, que no se está haciendo efectivo hasta final de curso, lo cual crea problemas económico a los centros y limita el acceso del alumnado vulnerable a las actividades, así como el copago de las familias que existe en los centros concertados, sobre el que no existe ningún control y puede resultar un obstáculo en lo que se refiere al acceso al centro de familias con menos recursos.

En este contexto, el director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín, considera que "es imprescindible plantificar de forma activa la oferta financiada con fondos públicos", lo que incluye a la red concertada, a la que anualmente se destinan 1.500millones de euros y para eso es necesario un nuevo decreto de conciertos, que si bien se anunció en 2019, por el momento aún no se ha avanzado nada en este sentido. "Sin ese decreto, que condicione la financiación a la escolarización de los vecinos de la zona y al grado de responsabilidad del centro y que ha de ir acorde con la complejidad del mismo, no conseguiremos la dessegregación",advertía Palacín, quien al respecto indicaba, además, que ese nuevo decreto debe "actualizar los criterios de renovación delos conciertos educativos bajo los principios de corresponsabilidad y satisfacción de las necesidades educativas del territorio". "Ose aprueba el decreto o perderemos también la inscripción de 2024", advertía.