Primeros beneficiados de la ley de amnistía: el exconsejero Miquel Buch y el exescolta de Puigdemont

Ya hay un primer beneficiado por la Ley de Amnistía a los delitos del «procés». El exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch fue ayer amnistiado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de su condena por haber encargado al mosso d’ esquadra Lluis Escolà Miquel la escolta del expresident Carles Puigdemont en el extranjero tras su huida por la aplicación del artículo 155.

Buch fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión; nueve de inhabilitación para ocupar otro cargo público y otros diez de inhabilitación absoluta por haber malversado fondos públicos de la administración catalana para este fin y prevaricado por su responsabilidad directa en el encargo.

Nombró a Escolà en julio de 2018 asesor eventual en materia de sistemas de seguridad de la conselleria de Interior que dirigía para poder «dar cobertura remuneratoria a la función de protección personal y de seguridad» que le brindó al líder independentista prófugo durante su estancia en el extranjero y posterior establecimiento de su residencia en la localidad belga de Waterloo.

Ahora, el TSJC confirma así su derecho a acogerse a la amnistía al «procés» impulsada por el PSOE y declara la extinción de las cargas penales que aún pesaban sobre Buch.

Resuelve el tribunal que el tipo de malversación por la que fue condenado el que fuera conseller está dentro de la Ley de Amnistía al no existir un «enriquecimiento personal» en su patrimonio y porque se limitó a usar sin autorización el dinero público para «beneficiar o ayudar» a Puigdemont en el contexto de las consecuencias del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI).

El segundo amnistiado es el propio escolta del líder de Junts durante su estancia fuera de España para no ser procesado en el marco del desafío soberanista.

El antiguo sargento de los Mossos de Esquadra Lluis Escolà se sentó en el banquillo por haberse dedicado como personal eventual del departamento de Interior de la Generalitat a «efectuar desplazamientos, fuera de España, sufragados por terceros, para proporcionar seguridad y protección» al expresident huido.

Cobró de la administración catalana por ello, «indebidamente», un total de 52.712 euros de dinero público.

Por realizar estas «funciones ajenas» a su cargo formal hasta marzo de 2019 se le impuso una pena a cuatro años de cárcel por haber malversado con caudales públicos y nueve años de inhabilitación para empleo público como cooperador necesario en el delito de prevaricación.

En la resolución judicial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN el magistrado ponente Manuel Álvarez Rivero confirmó que se le concedía el perdón porque incurrió tanto en la malversación como en la prevaricación al ofrecer irregularmente «protección o seguridad a los responsables de las conductas» penalmente castigables que se produjeron durante el proceso independentista catalán. La Ley incluye estos actos como amnistiables en su apartado 1.

La sentencia original de la Audiencia de Barcelona les obligó también a ambos a restituir la misma cantidad que cobró Escolà de la Generalitat mientras ejercía de seguridad para Carles Puigdemont.

Con la confirmación de la medida de gracia no tendrán que hacerlo y se cancelaran los antecedentes, incluidos los policiales, que quedaban en su historial.