La víctima del robo de un teléfono móvil en Barcelona: "La Generalitat me presionó para que no denunciara a los ladrones porque son marroquíes"

Una ciudadana barcelonesa caminaba por la calle de la Marina un domingo a las 8 de la mañana cuando al pararse en un semáforo tres menores magrebíes le sustrajeron el teléfono móvil. Tras la sustracción, 4 agentes de paisano, sin que la víctima se consciente de ello, salieron corriendo tras los autores de los hechos, que fueron detenidos. La víctima abandonó rápidamente el sitio de los hechos en estado de choque, informa el digital Estat.

Poco tiempo después, la hija de la víctima recibió una llamada de los Mossos d'Esquadra comunicándoles que habían recuperado su teléfono móvil. Los agentes explicaron a la víctima que los ladrones, menores de edad y origen extranjero, marroquí, eran delincuentes reincidentes y que estaban bajo control de la Policía Autonómica, lo que permitió la rápida actuación de los agentes.

Más allá del robo, finalmente frustrado, lo que sorprendió a la víctima fue la actuación posterior por parte de los servicios sociales de la Generalitat. Los agentes de protección social, después de que la víctima presentase formalmente la denuncia contra los autores, propusieron a la víctima “retirar la denuncia y hacer un encuentro para merendar con los ladrones para explicárseles que lo de robar no está bien” . La víctima rechazó llegar a un acuerdo amistoso.

La actuación de los servicios sociales no acabó ahí e insistieron a la víctima en reiteradas ocasiones apelando a su "falta de humanidad". La administración defendía a los autores diciendo que tenían derecho a una segunda oportunidad y que debía entender el contexto de los autos y lo que seguramente les había llevado a actuar de esta manera. La llegaron a llamar hasta cuatro veces, hasta que, según afirma la víctima, les advirtió de que serían denunciados por coacciones.

La víctima, que no retiró la denuncia, denunció públicamente el caso a través de las redes sociales después de que se haya dado por finalizado el proceso judicial. El procedimiento ha terminado sin consecuencias penales por los autores de los hechos, de los que uno de ellos no se presentó a pesar de la citación judicial y la obligación de asistir tratándose de un procedimiento penal. El individuo se le ha puesto bajo una orden de búsqueda y captura, que por el momento no ha dado resultados.

La víctima ha afirmado que ha decidido hacerlo público después de ver cómo ciertos partidos se han puesto junto a los delincuentes multirreincidentes, a raíz de los hechos de Calella.