La patronal, en pie de guerra contra Oltra por sus críticas al Puerto

Los ánimos estaban ya muy caldeados. Ha sido una semana dura para el Puerto de Valencia y todo su entorno. La presentación de las alegaciones y las continuas críticas a la ampliación del recinto portuario desde Compromís tuvieron ayer su punto más álgido cuando la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró a que no deben tomarse decisiones «que pongan en peligro la vida de nuestros hijos».

El comentario de Oltra, que publicó también en su perfil de Twitter, puso en pie de guerra a la patronal autonómica valenciana, cuyo presidente, Salvador Navarro, no pudo evitar contestar públicamente al mensaje de la vicepresidenta: «Sra. vicepresidenta, este asunto es tan importante para el presente y futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra Comunitat que no cabe la demagogia».

El tuit de Oltra enfureció tanto a los empresarios que estos pidieron al conseller de Política Territorial y Obras Públicas, el socialista Arcadi España, que tomara cartas en el asunto y comunicara su malestar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La posición de España sobre la ampliación del Puerto de la ciudad ha sido hasta ahora un tanto ambigua al intentar mediar entre sus socios de Gobierno (Compromís) y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Si bien en un principio parecía estar más cercano a la postura del Puerto, que considera que no es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para llevar a cabo la ampliación, esta semana sorprendía al asegurar que es momento de que la APV esté abierta a escuchar todas las alegaciones y realizar «mejoras» en el proyecto.

Los empresarios empiezan a sospechar que la actitud de Compromís no quedará solo en un discurso político, sino que están dispuestos a judicializar el asunto, algo que sería «un desastre». En el caso de que el juez pidiera medidas cautelares y paralizara el proyecto hasta que hubiera una sentencia, sería de esperar que la empresa encargada de la ampliación, MSC, cogiera sus 1.000 millones de inversión para desplazarse a otro recinto.

Respuesta de Fomento

Sobre el informe del Ministerio de Transportes- antes Fomento- que determinará si es necesaria una nueva DIA, Oltra señaló que entiende que el ministro, el valenciano José Luis Ábalos, será «sensible» porque la sostenibilidad ambiental es una de las «líneas fundamentales» del nuevo Gobierno. Aseguró que Ábalos es uno de los primeros «interpelados» en la transformación ecológica de las políticas.

El Puerto destaca las alegaciones positivas

Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, prefirió ayer quedarse con la parte positiva del asunto, esto es, las 208 alegaciones positivas que ha recibido el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia. Además, tras la reunión del Consejo de Administración del Puerto de Gandía, Martínez aseguró que le gustaría tener el apoyo de los ecologistas en algún proyecto medioambiental de los que ha realizado el Puerto de Valencia hasta ahora.

El PP avisa: «O el puerto de Valencia o Barcelona»

El PP defiende sin medias tintas la importancia de acometer la ampliación del puerto de Valencia tal y como está planteada. Es más, avisa de que si no se ejecuta este proyecto, puertos como el de Barcelona o el de Rotterdam saldrán beneficiados. Además, afirman que en la ampliación se invertirán mil millones de euros y se crearán tres mil puestos de trabajo. También permitirá ampliar la capacidad del puerto en 5 millones de TEU. «Sería una tragedia económica para la ciudad y para la Comunitat Valenciana», defendió la diputada y portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá.

Con estos argumentos, el PP anunció ayer la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) en Les Corts de apoyo a esta instalación y en la que se insta al Gobierno de España a impulsar la tramitación del expediente.

El PP teme que con el nuevo Gobierno esta inversión se quede «estancada y paralizada por los intereses de los socios nacionalistas y separatistas de Pedro Sánchez».

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, dijo que el PSOE tiene la gran oportunidad de ayudar a la tramitación de esta infraestructura porque está al mando de los Ministerios implicados. Incidió en que cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable emitida en 2007 y el hecho de que ahora se exija una nueva declaración de impacto genera inseguridad entre los inversores. «El mensaje que se manda es que prima el sectarismo en cuestión medioambiental o que quieren que Barcelona se lleve esta inversión».