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Ribó amplía las ayudas a los autónomos pero siguen sin ser suficientes para los 54.000 afectados

El PP reclama al alcalde de Valencia que amplíe los fondos para que lleguen a todas las pymes y autónomos que presenten la solicitud y cumplan los requisitos

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Un hombre pasa ante una librería cerrada tras la declaración del estado de alarmaAna EscobarEFE

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia sigue reclamando al Gobierno Joan Ribó que aumente la partida de ayudas para autónomos y pymes y que sean suficientes para atender a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos. La semana pasada eran más de 14.000 los solicitantes, y el jueves el Gobierno de Ribó aprobó aumentar en 600.000 euros la misma, “pero seguimos pensamos que sigue siendo insuficiente para que pueda llegar a todos”, explicó la portavoz del PP, María José Catalá.

Dado que en la bases de la orden publicada de la Subvenciones Re-Activa, punto 9.2, establece que “La concesión de la subvención se efectuara en régimen de concurrencia competitiva, estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria”, no se está cumpliendo con el principio de igualdad ya que existen solicitantes que “por causas ajenas a su voluntad” no han podido acceder a la Sede Electrónica.

Asimismo, según el punto 3, el crédito “queda condicionada a la declaración de la disponibilidad del mismo”, es decir, hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria (3.760.000). Dada la cantidad de autónomos (más de 54.000) , microempresa y pequeña empresa que existen en Valencia, el crédito es absolutamente insuficiente.

Si no hay partida suficiente “se va a convertir en una subasta para pymes y autónomos que beneficie a los primeros que puedan entrar en un sistema de registro de solicitudes que es un caos y presenten la solicitud”, explica Catalá, quien señala que son muchas las quejas que les han llegado a su grupo.

Los populares han pedido al Gobierno de Ribó y PSPV que si estima nuestra petición de que llegue a todos los que cumplen requisitos se informe a todos los posibles beneficiarios que tienen plazo hasta el día 4 de mayo y que todos los que cumplan los requisitos tengan aseguradas las ayudas y no siga parcheando con subidas cada semana. “No podemos convertir en una carrera para los afectados por la crisis para poder llegar a las ayudas, no es momento de crearles más ansiedad a los afectados con carreras para conseguir ayudas para paliar su situación”.

10 millones de facturas sin fiscalización

El equipo de gobierno local “ya ha pagado”, en lo que va de año, facturas por valor de más de 10 millones de euros “sin ningún tipo de control y fiscalización”, en lo que se ha convertido en una “práctica habitual. A la Comisión de Hacienda del próximo lunes va otro paquete de facturas por más de 600.000 euros", ha denunciado la portavoz popular, María José Catalá, para quien “esta forma de funcionar es ya práctica habitual” del Gobierno municipal que preside Joan Ribó “con todos los informes en contra de Intervención”.
En febrero ya se ha aprobaron más de 8 millones de euros sin las facturas de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2020, señala el grupo municipal popular. Añade que en la Comisión de Hacienda que se celebra el próximo lunes se aprueba una relación de facturas -expedientes extrajudiciales de crédito- por un importe de 687.823 euros y que en lo que va de 2020, el importe acumulado pagado por esta vía supera los 10 millones de euros.
La mayoría de las facturas lleva informe de omisión de fiscalización de la Intervención General, denuncia también el principal grupo de la oposición. El propio interventor de estas facturas señala, según el PP, que “el encargo se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y añade que “el gasto se ha realizado en un ejercicio cerrado, sin crédito presupuestario autorizado y dispuesto en el momento de producirse, con omisión de la preceptiva fiscalización previa del gasto del reconocimiento de la obligación”.