El TSJ admite la denuncia contra Puig, Calero, Ribó y Galiana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el abogado valenciano Mariano Lorente contra le presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la delegada del Gobierno, Gloria Calero; el subdelegado, José Roberto González; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y el concejal, Carlos Galiana, por no haber tomado las medidas pertinentes para frenar la expansión del coronavirus en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de Valencia, especialmente.

El Tribunal Superior ha tardado casi un mes en adoptar esta decisión que supone el inicio de la tramitación de la denuncia. Ahora, la Sala de lo Civil y Penal pedirá el informe al Ministerio Fiscal sobre este asunto y será este órgano, quien tras la pertinente diligencia de investigación, comunicará al Tribunal si debe instruirse o no la causa.

Como ya informó LA RAZÓN, el abogado Lorente interpuso el pasado 27 de marzo una denuncia contra Puig, Calero, González, Ribó y Galiana en la que les acusa de los delitos de prevaricación, un delito de lesiones imprudentes y un delito de homicidio imprudente por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el contagio de la enfermedad Covid-19 y haber autorizado actos masivos cuando ya era evidente el riesgo de contagio, como las mascletàs o la manifestación del 8 de Marzo.

El letrado relata en su querella las fechas más importantes en la expansión del virus desde su origen en China y expone como se va reproduciendo en otros países como Italia al tiempo que se acerca hacia España.

Señala que “mundialmente se estaban llevando a cabo serias advertencias sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas tempranas para frenar la propagación de la pandemia, con objeto de evitar los catastróficos resultados que se producirían si la situación se llegaba a colapsar. Es especialmente reseñable en este sentido, la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades de fecha 2 de marzo de 2020 sobre el COVID-19, que realizó un estudio al efecto, informando de los riesgos actuales y futuros y de las posibles medidas de actuación”.

Según la denuncia, “por la evolución de los casos y las recomendaciones emitidas, considera esta parte que fue crucial para el desarrollo de la enfermedad la celebración de los actos multitudinarios que tuvieron lugar a principios del mes de marzo, por motivo tanto del Día internacional de la mujer como de los festejos falleros y que posteriormente se analizarán en detalle. A pesar del estado en que nos encontrábamos, a pesar de las advertencias internacionales y europeas y a pesar del precedente de China e Italia, ninguno de nuestros responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio. El evidente riesgo que suponía la celebración de los actos que tuvieron lugar, principalmente el día 8 de marzo, se puso de manifiesto apenas dos días después, llegando incluso a suspenderse todos los restantes actos falleros”.

El letrado Lorente cita no solo las mascletàs sino también la Cabalgata del Ninot y la macrodespertá. Además, hace mención especial a todos los actos programados con motivo del Día Internacional de la Mujer tanto del día 8 de marzo como de los días previos, como la huelga feminista estudiantil o la Dona Festival de la Ciutat de Les Arts, entre otros.

Y destaca que “dichos actos fueron promovidos, promocionados y preparados por el propio Ayuntamiento de Valencia, a través de varias de sus Concejalías, y celebrados en locales municipales donde se produce una gran concurrencia de personas. En ninguno de ellos pudo evitarse el contagio de personas por el Covid - 19 ya que se trataban de actos en los que no se cumplían ninguna de las medidas recomendadas para evitar los mismos, siendo, la más fundamental, la existencia de distancia mínima de un metro y medio o dos metros entre cada persona. De esta manera, con la autorización y celebración de los actos y manifestaciones se puso en peligro la vida y salud de muchas personas, cuyo contagio cuanto menos podría haberse evitado”.

También destaca que la manifestación del 8 de marzo fue autorizada por la delegada, Gloria Calero, por lo que “podemos deducir que de la actuación de la delegada del Gobierno pueden inferirse conductas y decisiones, que revisten el carácter de delito”.

La denuncia explica que “en cada una de las situaciones mencionadas a lo largo del presente, el supuesto de hecho es el mismo: la Autoridad competente para suspender o cancelar un acto, evento o festividad en concreto, dentro de su ámbito legal de actuación, omitió dictar la oportuna resolución de suspensión o cancelación y la toma de medidas preventivas para garantizar la salud e integridad de los ciudadanos que, como derecho fundamental, vincula a todos los poderes públicos”.

En la denuncia, el letrado pide que se tome declaración a los denunciados Puig, Calero, Ribó, Galiana y González, y que se solicite a la Policía Nacional informe sobre la concurrencia de personas a las concentraciones señaladas. Además, pide que se realice informe forense sobre le peligro de contagio de la covid-19 en los actos masivos.