Claves para entender la financiación valenciana en el segundo año covid

«Todas las reglas han desaparecido», celebraba el conseller de Hacienda socialista. Pero, ¿por qué es el único que está contento?

La realidad es relativa y subjetiva, eso ya se sabe. Pero a veces un mismo hecho es vivido de manera absolutamente distinta por dos miembros de la misma escena. Es el caso del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró de manera telemática el pasado lunes. La reunión, convocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía como objetivo explicar a las comunidades autónomas cuáles serán sus recursos financieros para el año que viene, segundo año de la pandemia.

Por la mañana, el conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler (PSPV), explicaba tras reunirse con todos los grupos políticos de Les Corts que iba a exigir a la ministra un fondo de nivelación -antes denominado fondo de transición- para compensar a las autonomías peor financiadas (como la valenciana, por ejemplo) hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica.

Es decir, los socialistas habían acordado con el resto de formaciones políticas, tanto las de la oposición como sus propios socios de Gobierno (Compromís y Unides Podem) llevar al CPFF una reivindicación histórica de la Comunitat Valenciana, que ha sido defendida desde hace años.

Pero por la tarde la historia cambió. La ministra explicó tras la reunión -que duró más de cuatro horas- las bondades de la financiación para las autonomías de cara al año que viene -fundamentalmente que recibirán el mismo dinero que este año- y se refirió en particular a la petición realizada por el conseller valenciano: es imposible.

Montero explicó que crear dicho fondo de transición para la Comunitat Valenciana implicaría revisar los criterios de reparto para el resto de comunidades, lo cual ahora, obviamente, no va a suceder. «Paciencia, que en unos meses retomaremos la reforma del sistema», vino a decir la ministra.

Aseguró que durante este año habían estado ocupados cubriendo las necesidades provocadas por la pandemia, aunque prometió abordar los principios de la reforma de la financiación autonómica antes de que acabe este año.

A pesar de la negativa a su solicitud, acordada con todos los grupos de Les Corts, por la tarde un orgulloso Vicent Soler aseguraba que el acuerdo era inmejorable, inaudito, para la Comunitat, y que se habían superado todas las expectativas.

En la otra parte, todos los grupos políticos, oposición y socios de Gobierno, no daban crédito. Calificaron la reunión de «decepcionante» e incluso Compromís llegó a amenazar al Gobierno con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si no crea el ya mencionado fondo de transición.

Pero, ¿cuál es la realidad?, ¿cuáles son las claves para entender lo que el Ministerio ofreció a las autonomías?

Lo que Montero expuso a las comunidades autónomas de régimen común fue básicamente que van a recibir el mismo dinero que en 2020, es decir, no les va a repercutir la caída de la recaudación sufrida este año a causa de la pandemia. Ella misma reconoció que hacer esto sería hundir a las comunidades.

En concreto, las autonomías recibirán de las entregas a cuenta 105.589 millones (sólo un 0,26 por ciento menos que este año) a lo que se suman 9.076 millones por la liquidación positiva del ejercicio de 2019. Es decir, lo que les corresponde por su propia recaudación de hace dos años.

Por otra parte, puesto que el Gobierno ya había anunciado la eliminación de las reglas fiscales, es decir, del límite de gasto y del techo de déficit, el Ministerio fijó un déficit del 2,2 por ciento para las comunidades autónomas en 2021, una cifra muy por encima del 0,2 por ciento que se les hubiera exigido sin pandemia.

Además, de ese 2,2 por ciento, que no es obligatorio, sino orientativo, el Gobierno asumirá la mitad, el 1,1 por ciento, a través de una transferencia extraordinaria de 13.846 millones a repartir entre todas las autonomías. Una especie de fondo covid 2, similar a los más de 16.000 millones que se recibieron este año.

En resumen: las comunidades autónomas van a recibir una cantidad un poco menor en concepto de entregas a cuenta, por otra parte cobrarán lo que les corresponde por su liquidación de hace dos años (sería comparable a la devolución de la declaración de hacienda de un particular) y por último, se entregará a las regiones para que puedan hacer frente al aumento de gastos por la pandemia un fondo dotado con 3.000 millones menos que en 2020.

Sin privilegios

Además, el déficit del 2,2 por ciento es exactamente igual para todas las regiones -excepto para el País Vasco que tendrá un déficit del 2,6 por ciento porque gestiona sus propios ingresos-. Es decir, no hay ventajas para nadie, no es asimétrico en función de la financiación que reciba cada región, no beneficia a las peor financiadas, como la Comunitat Valenciana, tal y como siempre se ha defendido desde la Generalitat.

Pero a pesar de este escenario, de que la ministra anunció unas cantidades para 2021 muy similares, e incluso un poco inferiores a las de 2020, el conseller valenciano mantuvo su argumento de que era algo «inaudito» que el Ministerio de Hacienda elimine todas las reglas fiscales y dé manga ancha a las autonomías para gastar más, a pesar de que ello no suponga un incremento de ingresos con respecto a este año, ni mucho menos ninguna compensación por estar peor financiada.

Dice Soler que, de esta manera, se satisface la petición de 1.300 millones de euros adicionales para llegar a la media de financiación del resto de autonomías.

Sin embargo, desde Compromís, socios del PSPV en el Botànic tildaron de «decepcionante» el resultado de la reunión y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, amenazó a Pedro Sánchez con votar en contra de sus Presupuestos para 2021.

La nota discordante dentro de la formación nacionalista, en una clara muestra de que no es lo mismo ser un diputado que gobernar, fue la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien señaló que estaba «moderadamente satisfecha» y que el acuerdo conseguido iba en la senda de cubrir las necesidades de los valencianos.