Política

El PP amplia la denuncia contra el “cártel de la comunicación” de Francis Puig

El presidente asegura que se trata de una cuestión que no le afecta

Eva Ortiz en una imagen de archivo en Les Corts
Eva Ortiz en una imagen de archivo en Les CortsServicio Ilustrado (Automático)PPCV

El Partido Popular ha asegurado que ampliará la denuncia contra las cuatro empresas del grupo Comunicacions Els Ports, del que forma parte un hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “que actuó como un cártel para optar a una licitación de la televisión pública autonómica valenciana” en cuanto reciban una documentación adicional, requerida ya a la Conselleria de Economia.

La portavoz adjunto del Partido Popular, Eva Ortiz, se ha pronunciado así este martes respecto a la sanción impuesta por Competencia a cuatro empresas del grupo de comunicación Els Ports al considerar que cometieron una infracción “muy grave” a la ley de Defensa de la Competencia.

Desde el Partido Popular han señalado que con lo revisado en esta resolución, se pueden apreciar supuestamente delitos de, “por lo menos, tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida de funcionarios”.

Ortiz ha lamentado que, después de que hayan transcurrido 24 horas de la decisión de Competencia, Ximo Puig todavía “no haya dado explicaciones”.

Por ello, han informado, pedirán la comparecencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, y la del director de À Punt, Alfred Costa, en la Diputación Permanente de les Corts para aclarar lo sucedido.

Ha destacado, asimismo, la petición del Partido Popular de reformar la ley de Hacienda para que “no se pueda volver a contratar desde la Administración Pública a una empresa después de haber sido sancionada” y ha señalado que “todos los ingresos de Comunicacions dels Ports provienen de distintas administraciones públicas”.

En su intervención, la dirigente del PP ha insistido en que se debe aclarar desde el ente público y también desde Presidencia “la reunión entre la Delegación de Castellón de À Punt y el hermano de Puig antes de presentarse el pliego de la licitación”.

Desde el Partido Popular también han criticado el hecho de que ese mismo pliego “se modificara una vez presentado por primera vez” y han demandado saber “cuál fue el papel” desempeñado por un asesor jurídico, del que quieren saber “quién es”.

”Esto acaba de empezar”, ha asegurado Ortiz, quien ha señalado que “vamos a tener más días como estos”, en referencia a presentas irregularidades realizadas por Comunicacions Els Ports.

Ortiz ha concluido que hay una parte de esta denuncia que aún es secreta, en un caso que, ha manifestado, demuestra una “bula papal” de la que disfrutan los hermanos del president de la Generalitat.

“Es una cuestión que no afecta al presidente”

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes sobre la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a la empresa de su hermano que es una cuestión que “no le afecta para nada” al president de la Generalitat.

Puig se ha pronunciado así preguntado sobre la petición del PP de que comparezca en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar la sanción de la Comisión de Defensa de la Competencia valenciana a cuatro empresas de comunicación, entre ellas la del hermano del president, Comunicacions dels Ports, por actuar “como un cártel” en una licitación pública.

Ha señalado que “sorprende” que el Partido Popular haga esa petición de comparecencia, entre otras cosas porque la Administración ha funcionado “con absoluta normalidad” y este asunto no le afecta “para nada”.

”Hay empresas que en un momento determinado tienen algún tipo de sanción, como es el caso, y esa empresa puede o aceptarla o recurrirla, es un funcionamiento absolutamente normal”, ha manifestado Puig.

Según ha señalado el president, lo que corresponde ahora es que “continúe ese procedimiento”, y después, en el futuro, “aquellos que sean responsables tendrán que dar cuenta, si corresponde”.

Puig ha insistido en que respeta “absolutamente” el funcionamiento de la Administración y el funcionamiento de las empresas, y que cuando haya un conflicto se dirima “de una manera razonable, como dice la administración y como dice la justicia”, por lo que no tiene “nada que decir”.