Los ópticos denuncian a Sanidad por no incluirles en el plan de vacunación

El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (Coocv) interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el que solicitará medidas cautelares contra la “inactividad” de la Conselleria de Sanidad por no vacunar a este sector frente a la covid junto al resto de personal sanitario.

Según han denunciado en un comunicado, esta decisión “anómala” y “arbitraria” de la Conselleria de Sanidad respecto a estos profesionales sanitarios ha obligado a este Colegio a tomar esta decisión.

La Conselleria de Sanidad les ha dejado fuera de esta fase de vacunación “sin aportar explicaciones coherentes”, mientras, han asegurado, en otras Comunidades Autónomas sí se vacuna a este sector.

Los ópticos-optometristas que ejercen en los establecimientos sanitarios de óptica han defendido que, pese al gran riesgo que corrían y conscientes de la importancia de su labor profesional declarada esencial en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atendieron durante el confinamiento y los meses posteriores con una gran exposición y sin disponer de equipos de protección individual.

”Una responsabilidad que cumplimos de forma ejemplar al cuidar de la salud visual de la población, máxime cuando la actividad profesional principal del óptico optometrista se desarrolla con gran exposición y en gabinetes, que son espacios cerrados, donde la cercanía a los ojos del paciente es máxima”, han destacado desde el Coocv.

Asimismo, han asegurado que estar en contacto en un espacio cerrado con pacientes “es un riesgo tanto para el optometrista como para el propio paciente, lo que puede convertir esta actividad, necesaria y esencial, en foco de propagación del virus”.

El Colegio de Ópticos-Optometristas ha afirmado que la necesidad de la vacuna “no es solo para proteger al profesional sanitario, sino lo más importante, para evitar ser vectores de transmisión a los pacientes atendidos en las consultas y establecimientos”.

Han concluido que todos los pacientes merecen “la máxima protección en atención sanitaria pública o privada, independientemente del profesional sanitario que los asista”.