Hacienda rechaza la propuesta de Economía de convertir Feria Valencia e IFA en corporaciones de interés público

A la Conselleria de Economía le ha salido mal la jugada. El subsecretario del Departamento, Natxo Costa, creía haber encontrado la fórmula perfecta para el futuro de Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) envueltas ambas desde hace años en un interminable proceso de reestructuración del que la Generalitat valenciana no sabe salir.

Costa redactó un borrador de decreto en el que proponía que ambas entidades se conviertan en corporaciones privadas de derecho público, de manera que estarían sometidas al control público, aunque las decisiones se tomarían por un Consejo de Administración en el que estarían presentes los empresarios.

El borrador fue remitido a la Conselleria de Hacienda, que ha rechazado la idea de Costa al considerar que la propuesta no resuelve numerosas cuestiones tanto “de carácter jurídico y organizativo, como de carácter financiero, económico y patrimonial, que son básicas para la viabilidad de estas instituciones”.

El documento recuerda que con la subrogación de la deuda de Feria Valencia e IFA por parte de la Generalitat, surge una deuda por importe de 445,4 millones de euros que Feria Valencia debe a la Generalitat, y un saldo acreedor por valor de 76 millones en el caso de la institución ferial alicantina.

Para Hacienda, la existencia de este saldo acreedor supone un “obstáculo importante para la viabilidad financiera de la nueva institución” que vaya a desarrollar las competencias en materia de promoción e internacionalización del comercio valenciano.

En su opinión, cualquier operación jurídico patrimonial que tenga como finalidad la gestión de dicho saldo debería realizarse en el seno de una entidad enmarcada en el sector público instrumental (SPI) de la Generalitat valenciana.

El departamento de Soler defiende que optar por una entidad dentro del perímetro del SPI “permitiría la realización de las aportaciones de activo y patrimonio relativas a los inmuebles y saldo acreedor que harían posible la viabilidad de una nueva entidad con una estructura patrimonial sin desequilibrios y una integración del personal ajustada a las necesidades reales”. Sería “una solución relativamente sencilla”, asegura.

A su entender, la capitalización planteada por Economía de un saldo acreedor frente a la Generalitat por un importe de unos 500 millones de euros a favor de una entidad privada como seria esa futura Corporación de Derecho Público (CDP), “no se podría acometer por la Generalitat”.

Según Hacienda, este tipo de entidades no se pueden capitalizar en sentido estricto porque carecen de capital social dividido en acciones o participaciones que dan lugar a unos derechos políticos y económicos.

Además, sostiene que “no existe cobertura legal para la realización de aportaciones directas al patrimonio de estas entidades, a fondo perdido, para compensar pérdidas o fortalecer su solvencia porque las CDP son un tercero privado para la Generalitat”.

Desde su punto de vista, “las soluciones posibles que apunta el borrador (capitalización, cancelación) solo serían posibles en el ámbito de una operación dentro del perímetro SPI GV”.

Por otra parte, el departamento de Soler critica “falta de concreción técnica” en el borrador de Economía, “que ni siquiera se plasma en mandato normativo alguno”. Habla de “ausencia de normativa estatal básica habilitante” para la creación de Corporaciones de Derecho Público en materia ferial y apunta a una “duplicidad o solapamiento de funciones con las ya atribuidas legalmente a las Cámaras de Comercio, cuyo deslinde no se soluciona en el borrador analizado”.