Compromís y PSPV siguen enzarzados por la reestructuración de Feria Valencia

La Conselleria de Economía (Compromís) ha rechazado once de las doce alegaciones planteadas por la Conselleria de Hacienda (PSPV) sobre el proyecto de decreto ley que propone que Feria Valencia e IFA sean corporaciones de interés público, de gestión y financiación privada, pero con posibilidad de recibir subvenciones públicas y bajo el control de la Generalitat.

En un informe sobre las consultas acerca de la elaboración y tramitación del proyecto de ley sobre instituciones feriales firmado por el subsecretario de Economía, Natxo Costa, se argumenta la aceptación o no de las alegaciones presentadas por las consellerias de Hacienda y de Justicia (acepta cinco de ocho y una parcialmente) y el Consejo de Cámaras de Comercio (acepta dos de tres y otra parcialmente).

Sobre las alegaciones de Hacienda, la Conselleria responde a las planteadas por la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General del Sector Público y Patrimonio y la Dirección General de Modelo Económico, Financiación y Política Financiera, según el informe al que ha tenido acceso EFE.

Respecto a la forma jurídica y reestructuración financiera, Economía señala que hay un límite de entes del sector público instrumental de la Generalitat y la opción de una corporación de derecho público se justifica para conseguir dos condiciones fundamentales para el empresariado vinculado a la actividad ferial y para los acuerdos entre las Administraciones vinculadas.

Esas condiciones pasan por permitir la gestión privada manteniendo, al mismo tiempo, el control y la supervisión pública a través de la tutela.

Sobre la deuda financiera de Feria Valencia e IFA -la cuenta acreedora de la valenciana es de 445,4 millones de euros, y de la alicantina de 76 millones-, se refiere al Decreto Ley 7/2017 de 29 de diciembre del Consell por el que se considera que la opción más adecuada para resolver las dificultades de ambas consiste en que la gestión sea por un nuevo ente con la fórmula de sociedad de capital mixta, que no estaría clasificada en el sector público.

Hacienda señalaba que la forma jurídica debería adaptarse a la tipología prevista en la Ley 1/2015 de la Generalitat, que representa un numerus clausus de entes del sector público instrumental, con lo que se estaría en mejores condiciones de facilitar la reestructuración financiera y viabilidad económica de las ferias que con la alternativa de las corporaciones de derecho público de base asociativa privada, al no formar parte estas últimas del sector público instrumental.

Por su parte, Economía afirma que la posibilidad de crear una sociedad mercantil o un ente público empresarial está previsto en la ley, pero se ha optado por la forma jurídica de corporación para permitir la gestión privada manteniendo al mismo tiempo el control y la supervisión pública a través de la utilización de la tutela.

Economía dice no entender por que las instituciones feriales no pueden tener la representación, promoción y defensa de los intereses de un sector empresarial o profesional, como ponía en cuestión Hacienda al afirmar que no ostentan esa representación sino que contribuyen a la promoción comercial, en especial la internacional, como una faceta más de la actividad empresarial o profesional, cuya defensa y promoción está asignada a las Cámaras.

Además, señala que ya abordó de forma extensa la cuestión de la competencia de la Generalitat para la creación de corporaciones de derecho público, y, sobre la supuesta ausencia de norma estatal básica habilitante, alude al Tribunal Constitucional, según el cual eso no puede convertirse en una limitación por pasiva de las competencias autonómicas.

A las dudas sobre la capitalización planteada por Economía a favor de una entidad privada como sería la corporación de derecho público, indica que está prevista en el Decreto Ley de 2017 y, según consta en varios documentos, se planteó en el proceso de elaboración de ese decreto por la propia Conselleria de Hacienda.

A las cuestiones planteadas por Justicia, acepta varias por cuestiones de redacción, mientras que a las del Consejo de Cámaras, responde que la fórmula propuesta cumple todas las consideraciones generales de este órgano y no es un instrumento complejo ni un obstáculo para la gestión privada de las ferias.

Por su parte, el Ayuntamiento de València, en su informe del 6 de mayo, no observó afección al régimen jurídico de la actividad ni quebranto patrimonial o lesión de intereses patrimoniales del consistorio, por lo que informó de conformidad.