Acaba el plazo sin que Intu pague un millón de euros de aval para Puerto Mediterráneo

El plazo para la entrega de un depósito de un millón de euros como garantía para volver a realizar la evaluación ambiental del macroproyecto Puerto Mediterráneo de Paterna (Valencia) ha finalizado sin que Intu Found Valencia haya satisfecho este requerimiento de la Conselleria de Política Territorial.

Este departamento no ha recibido ningún depósito relativo a esta garantía, según ha confirmado la Conselleria mediante un informe certificado de Hacienda, y ahora estudia los pasos siguientes en el proceso del macroproyecto comercial.

La Conselleria remitió este requerimiento de un millón de euros -y amplió el plazo inicial de quince días- para volver a realizar la evaluación ambiental del macroproyecto, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Supremo que inadmitió un recurso del Consell contra Intu.

Hay que tener en cuenta la situación del grupo Intu, cuyo socio mayoritario, Intu Properties, se encuentra inmerso en concurso de acreedores, según han recordado fuentes de la compañía.

La Abogacía de la Generalitat presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre el proyecto de centro comercial en Paterna que anulaba la resolución de la Conselleria que denegaba la propuesta de los promotores y pedía una nueva memoria ambiental a la Generalitat.

El fallo consideró inamovible el acuerdo del Consell del 25 de enero de 2013 por el que se declaró este proyecto como Actuación Territorial Estratégica (ATE) en lo que se refiere a la localización en Paterna, y emplazó a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica a redactar una nueva memoria ambiental que dé solución y corrija hasta 16 deficiencias de la iniciativa, que van desde la protección de un barranco o de una especie botánica, hasta la afección de carreteras o la conservación del paisaje.

El plazo de quince días dado a Intu fue el segundo que se requiere, y en esa primera ocasión Intu ofreció unos terrenos como garantía hipotecaria, propuesta que fue rechazada.

El proyecto, que en su inicio preveía una inversión de 860 millones de euros y generar más de 5.000 empleos en la fase de operación y más de 3.000 en la construcción, redujo su tamaño en metros cuadrados y en edificabilidad tras el rechazo de su primer proyecto.

En 2013 fue aprobada la tramitación del proyecto de Intu y en 2016 se emitió una memoria ambiental desfavorable, por lo que presentó un nuevo proyecto en julio de 2018 que atendía las demandas e incorporaba los nuevos requerimientos técnicos y los criterios de desarrollo urbano sostenible, según la multinacional.

A finales de 2016 Intu presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la resolución de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas que denegó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del primer proyecto que presentó.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso contencioso administrativo de Intu Found Valencia que reclamaba 284 millones de euros por responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Obras Públicas (lucro cesante).