Los políticos y empresarios imputados en la causa Brugal piden anular las escuchas telefónicas

El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y el resto de acusados por el supuesto amaño del plan zonal de residuos de la Vega Baja (2008-09) han pedido anular las escuchas telefónicas que sustentan la acusación.

Trece años después de los hechos investigados e instruidos, hoy ha arrancado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en Elche, la vista oral de este juicio mediante la fase de presentación de las cuestiones previas.

Ripoll, Ortiz y Fenoll y la exalcaldesa oriolana Mónica Lorente han evitado hacer declaraciones a su llegada al Palacio de Justicia ilicitano, donde se han congregado numerosos medios de comunicación para cubrir el inicio de un juicio que se prolongará hasta el 30 de junio de 2022.

“De maravilla”, se ha limitado a comentar que se sentía Enrique Ortiz ante los periodistas, mientras que el resto de acusados tampoco se ha detenido ni ha querido contestar a las preguntas.

El abogado del industrial oriolano Ángel Fenoll, Mariano Bo, sí ha recordado que ya ha habido un juicio en otras de las ramas del Brugal “muy parecido y que se anuló”, en referencia al de las basuras de Orihuela, donde se dejó libre a los 34 acusados (entre ellos los referidos Fenoll y Lorente) por invalidarse parcialmente los pinchazos telefónicos de la Policía.

Este letrado ha confirmado que las defensas repetirán esta misma petición de nulidad en la actual fase de las cuestiones previas, y que solicitarán que se añadan en esta lista de anulaciones más pinchazos telefónicos que los admitidos en el juicio sobre la recogida de residuos de la ciudad oriolana.

Por su parte, el abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, se ha limitado a declarar que esa decisión depende del tribunal y que estarán muy pendientes de lo que diriman los magistrados.

Esta causa es una de las veinte piezas separadas del ‘caso Brugal’, una de las que causó más impacto mediático porque en su día se hizo un registro de la sede de la Diputación alicantina presidida por Ripoll, quien fue detenido.

El proceso contra 13 políticos y empresarios en relación al Plan Zonal de la Vega Baja, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la Vega Baja, ha reservado durante once jornadas de noviembre las cuestiones previas que planteen las partes, entre ellas la referida petición de invalidez de las escuchas.

Tras aclarar las cuestiones previas, las sesiones se suspenderán hasta iniciarse el juicio propiamente dicho el 18 de enero de 2022 para seguir durante 65 sesiones y hasta el 30 de junio, según el calendario marcado en una providencia emitida casi un año por la Audiencia Provincial.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción considera que entre 2008 y 2009 el expresidente Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del plan zonal por el que Ortiz lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle.

En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll.

Anticorrupción solicita inicialmente penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para Ripoll al considerarle responsable de los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.