Compromís pide parar la enorme planta solar del norte de Castellón

El grupo de Compromís en Les Corts Valencianes ha pedido que el Parlamento reclame al Gobierno de España la paralización del proyecto de la instalación de una macro planta solar en el norte de Castellón que afectaría a los términos municipales de Coves de Vinromá, Vilanova d’Alcoela, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moro, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

El pasado 22 de diciembre de 2021 el Ministerio de Política Territorial sometía a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del proyecto de macroplanta solar fotovoltaica denominada «Magda» así como su infraestructura de evacuación, con la creación de una nueva línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) con terminación también en Almassora.

El proyecto, si bien impulsa energías renovables, es de tal volumen que supone una afección sin precedentes sobre el territorio y sobre el paisaje (y por tanto también sobre proyecciones de crecimiento turístico futuro, o de uso del territorio) en numerosos términos municipales.

Explica Compromís que «dada la trascendencia del proyecto y la afección sobre el futuro de la calidad de vida de muchos municipios, consideramos que no se puede sacar adelante un proyecto de esta dimensión sin escuchar ni tener presente la opinión de los vecinos y vecinas de los municipios afectados y, por lo tanto, de sus ayuntamientos». De hecho, han sido ya numerosas las manifestaciones en dichos municipios contra dicha infraestructura.

«Magda» se extenderá sobre una superficie de 500 hectáreas entre Les Coves de Vinromà y Benlloch, con 259.000 placas solares cuya producción de energía se transportará a través de un nuevo tramo de MAT de 53 kilómetros hasta conectar con la subestación de Almassora. Este cableado se apoyará en 143 torres de altura que oscilan entre los 18 metros y un máximo de 48 metros.

Más de 50 empresas agrogastronómicas de las comarcas Alcalatén, Maestrat y La Plana Alta han firmado un manifiesto llevado hasta los ayuntamientos de sus respectivos pueblos para formalizar su oposición.

La Coordinadora valenciana para la implantación racional de energías renovables aglutina a la parte mayoritaria de estos vecinos. El pasado mes de febrero se produjeron concentraciones en una veintena de municipios. Reclamaban la modificación del real decreto que regula su instalación (14/2020) porque consideran que se trata de una normativa que no permite la planificación racional ni el «despliegue de las renovables y que conduce a unos resultados contradictorios con los objetivos de la propia regulación».

Avalancha de proyectos

En la actualidad hay315 instalaciones en tramitación y 20 autorizadas. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó la pasada semana que el Consell trabaja en un nuevo decreto que permita agilizar los trámites argumentando que existe una «emergencia». El objetivo, asegura, es lograr la “soberanía energética”.

Desde este plataforma recuerdan que el actual decreto no pone límites en el Suelo No Urbanizable Común ni en algunos espacios protegidos. «Tenemos un avalancha de proyectos en suelo barato rural que tienen saturada a la Administración valenciana, que impiden el acceso a otros proyectos más pequeños y que favorecen la burbuja especulativa de fondos inversores. Son una amenaza real a la socioeconomía valenciana presente y futura y todo en nombre de la emergencia energética». Insisten en que estas instalaciones estarán al menos 30 años sobre hectáreas de tierras fértiles, que serán transformadas en suelo industrial.