Infraestructuras
Ximo Puig quiere que la Marina de Valencia sea un puerto de titularidad autonómica
La Generalitat coincide con el Ayuntamiento en que el Estado no debe participar de la gestión de este espacio
La Generalitat está dispuesta a negociar con el Ayuntamiento de València un nuevo consorcio para la gestión integral de La Marina de Valencia y apoyará la propuesta municipal de disolver el actual Consorcio València 2007, del que forman parte estas dos administraciones y el Gobierno de España.
El Gobierno valenciano argumenta que estas instalaciones reúnen las condiciones para convertirse en un puerto de titularidad autonómica , ya que posee una bocana de acceso propia y está completamente separada de la actividad comercial que se desarrolla en el puerto de València, según la Generalitat.
Con este objetivo en la reunión convocada para este lunes por el presidente del Consorcio València 2007 se apoyará la propuesta del Ayuntamiento de València que pide la disolución del consorcio. Por tanto, habrá que nombrar liquidadores y se solicitarán las auditorías pertinentes.
La voluntad del Gobierno valenciano es que las administraciones que han estado en el consorcio (40 % Gobierno de España, 40 % Generalitat, 20 % Ayuntamiento de València) participen de todo el proceso de liquidación y de los resultados de la misma.
La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, tras una reunión celebrada este domingo con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que también ha participado el conseller de Hacienda, Arcadi España, y la secretaria autonómica de Obras Públicas, María Pérez.
Espacios para la ciudad... y para el Ayuntamiento
Compromís, formación que lidera en València el alcalde, Joan Ribó, exigió hace unos meses que los “espacios ciudadanos” de La Marina sean gestionados por el Ayuntamiento y de titularidad municipal, como ocurre “en otros muchos espacios marítimos de todo el mundo”, según recoge Efe.
Defendía entonces que todos los terrenos e instalaciones que ya no cumplen ninguna función relacionada con el transporte marítimo tendrían que ser desafectados, de forma que pasen a ser de titularidad y gestión municipal.
Todo ello una vez se negocien los nuevos estatutos que tienen que regir las relaciones de la ciudad y el puerto en el ámbito de La Marina.
La formación, tal y como ha manifestado ahora la Generalitat, apuesta por un nuevo ente sin la representación de la Autoridad Portuaria, únicamente con la del Ayuntamiento y el Gobierno valenciano, “las administraciones que verdaderamente son responsables de los espacios de La Marina”.
La polémica deuda
El Consell abonó el pasado 31 de diciembre a La Marina de València el pago de los 12 millones de euros correspondientes a la anualidad 2021 que le corresponden a la Administración autonómica para cancelar la última deuda pendiente del Consorcio Valencia 2007 -ente organizador de la Copa del América-.
Con este pago, realizado también por parte de la Administración central (12 millones de euros) y el Ayuntamiento de València (6 millones de euros) se inició el proceso para cancelar el conjunto de la deuda que mantenía activo el Consorcio València 2007 con el Tesoro Público desde la celebración de la 32 edición de la Copa del América y que ascendía a cerca de 400 millones de euros.
El Gobierno central anunció en marzo de 2021 el pago del principal del préstamo ICO solicitado por el Consorcio para acometer las obras necesarias en la ciudad con motivo de la celebración de las regatas por valor de más de 300 millones de euros, tal y como había solicitado la Generalitat en reiteradas ocasiones.
A ello hay que hay que sumar los 60 millones de euros del derivado de este préstamo, que debía ser asumido por parte de las tres administraciones integrantes en función de su porcentaje de participación.
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