El Ayuntamiento de Valencia subastará viviendas que fueron expropiadas en El Cabanyal para prolongar Blasco Ibáñez

El Consejo de Administración de la sociedad Pla Cabanyal aprobará este mes la salida a subasta pública de 23 propiedades municipales en el Cabanyal-Canyamelar (8 solares, 8 viviendas y 7 locales) para que puedan ser adquiridas y habilitadas como viviendas por familias del barrio. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es “fomentar y facilitar la rehabilitación, la revitalización y la regeneración del barrio”, tal como ha explicado este jueves la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, quien ha subrayado que se trata de una subasta de parte de las viviendas que expropió el anterior gobierno municipal en el marco del proyecto de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez, que habría supuesto la destrucción de la trama histórica del barrio marítimo.

La semana del 15 de junio se reunirá el Consejo de Pla Cabanyal en el que se aprobará esta iniciativa. Tal como ha recordado Sandra Gómez, en su momento Pla Cabañal expropió entre 170 y 180 viviendas para ser derribadas, “lo que supuso un gran sufrimiento para más de 400 familias”, ha lamentado la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo. “Aumsa expropió otras tantas, y con el paso de los años, esas viviendas cayeron en un estado de degradación y olvido, generando problemas de seguridad y de convivencia”, ha añadido.

Dado que el Ayuntamiento y la sociedad Plan Cabanyal siguen contando con un importante parque de vivienda, “queremos movilizar este patrimonio, con independencia de todos los programas y planes de rehabilitación de patrimonio propio, porque queremos –ha explicado Sandra Gómez- que, en un marco de colaboración público-privada, las familias del barrio que quieran apostar por vivir en el Cabanyal, puedan optar a ello”. De hecho, el Consistorio ya impulsó una operación similar en los años 2016-2017 que, tal como ha recordado Gómez, “funcionó muy bien; y por eso, cuatro años después, ha llegado el momento de sacar de nuevo una subasta para que donde hoy hay casas y solares degradados, haya familias que puedan invertir”.

Nada más que el Consejo de Administración de Pla Cabanyal apruebe la propuesta, toda la información sobre el modo de optar a estas propiedades aparecerá en la web de la sociedad. Se han establecido unos criterios de baremación, que, aparte del precio ofrecido en subasta por cada propiedad, priorizará aspectos como que la vivienda a adquirir se destine a residencia habitual y permanente, que se ofrezca como vivienda de alquiler durante al menos 10 años, que la persona proponente sea menor de 35 o mayor de 65 años, que se trate de personas empadronadas o que trabajen en el barrio, así como que las personas solicitantes sean dependientes o con discapacidad, familias numerosas, familias monoparentales con hijos, personas separadas o divorciadas, o víctimas de violencia de género o terrorismo… Asimismo, se puntuará la conversión a uso residencial de la propiedad adquirida, y tal como ha subrayado Sandra Gómez, las bases excluyen expresamente el uso de vivienda turística, por lo que se revertirá la operación si se observa que la propiedad se destina a alquiler vacacional.

Las 23 propiedades no tienen actualmente un uso residencial. Son solares, almacenes o bajos comerciales que se convertirán en nuevas casas y pisos, así como también en espacios comerciales. “Los solares son espacios de degradación y olvido, y queremos que se recuperen como viviendas –ha explicado Gómez- y lo mismo con los bajos o pequeños talleres y almacenes, que se podrán usar como espacios comerciales, o como nuevas viviendas también”.

Cada familia o persona solicitante podrá optar a tantas propiedades como desee, pero sólo se adjudicará una por persona, ha añadido la vicealcaldesa y concejala, quien ha explicado que la mayoría de las 23 propiedades a subasta se localizan en la llamada Zona Cero del barrio. Una vez se aprueben los pliegos de condiciones y la convocatoria se publique en el DOGV, se abrirá un plazo de un mes para la presentación de ofertas por parte de las personas interesadas.

En la misma sesión del Consejo, se prevé adjudicar, por un importe de 400.000 euros, la rehabilitación del edificio municipal de la calle de Amparo Guillem, que también era un inmueble expropiado para su demolición, y que se prevé recuperar como sede de oficinas para la sociedad Pla Cabanyal, “una oficina de proximidad y de cercanía para dar un buen servicio al barrio”, ha explicado Sandra Gómez.

La reforma de los restaurantes del Paseo Marítimo

En otro orden de cosas, Sandra Gómez ha anunciado que ya se ha aprobado la evaluación ambiental del Plan Especial del Marítimo, que permitirá desbloquear la reforma de los restaurantes de la zona para adaptarlos a las necesidades actuales. Tal como ha explicado la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, las actuales instalaciones “no cumplen con los parámetros funcionales ni paisajísticos que se buscan, por lo que hemos estado trabajando, de acuerdo con los propietarios de los locales, en el desarrollo de un modelo que pueda ofrecer mejor servicio”.

La principal novedad del nuevo modelo es que favorece el uso tanto de la planta baja como la planta primera (hoy se opera mayoritariamente en la baja), y que al menos el 40% de la fachada ha de ser transparente, acristalada, buscando un diseño abierto al mar e integrado con la playa. Además, el diseño se ha adaptado también para dar respuesta a la voluntad de las y los propietarios de tener la posibilidad de instalar placas solares en los techos. Tras la aprobación de la evaluación ambiental, se abre un plazo de alegaciones y, a su término, se aprobará definitivamente el proyecto, de manera que, al concluir el periodo estival, ya puedan comenzar las reformas el próximo otoño.

Protección para el entorno de San Miquel de los Reyes

Finalmente, la Junta de Gobierno también aprobará mañana la licitación de la redacción del nuevo Plan Especial de Protección y Reforma Interior, PEPRI, de San Miguel de los Reyes. Se da la circunstancia de que, pese al valor patrimonial, cultural y medioambiental del complejo, carecía hasta ahora de plan de protección, por lo que se va a licitar este PEPRI, “que permitirá resolver los problemas del entorno, de accesos, la gestión de las zonas verdes y dotaciones (caminos, áreas agrícolas…) y poner en valor el patrimonio histórico.

El ámbito de actuación total es 317.043 metros cuadrados, con un suelo no urbanizable de 177.817 metros cuadrados. En cuanto al presupuesto de salida de la licitación, asciende a 86.031 euros, y el plazo de redacción previsto es de 9 meses. “La idea es tenerlo todo listo antes de concluir el mandato, para poder dar protección a todo este entorno antes de que concluya 2023″, ha finalizado Sandra Gómez.