Valencia

El juez prorroga seis meses más la investigación del caso del hermano de Puig

Este procedimiento tiene aún pendiente el resultado de los informes periciales pedidos a los Gobiernos valenciano y catalán

Francis Puig, hermano del president de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas
Francis Puig, hermano del president de la Generalitat valenciana, acude a declarar por presuntas irregularidades en ayudas concedidas a sus empresas FOTO: Rober Solsona Europa Press

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha acordado prorrogar seis meses más la investigación del posible fraude de subvenciones públicas a empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig, y a otro empresario, Enrique Adell Bover, ambos imputados en esta causa.

El juez ha atendido así la petición del Ministerio Fiscal, que explicaba en su escrito que este procedimiento tiene aún pendiente el resultado de los informes periciales pedidos a los Gobiernos valenciano y catalán para averiguar las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida.

El auto del juez, fechado el 18 de julio y al que ha tenido acceso EFE, argumenta esta prórroga dadas las “dilaciones no imputables” a este órgano judicial y a “la dificultad” para la incorporación del material probatorio necesario para la investigación, ya que hay diligencias acordadas que no han podido realizarse.

Añade que de esas diligencias se podrían desprender a su vez otras que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados, puesto que en este momento están pendientes informes de intervención de la Generalitat y otras diligencias de investigación, lo que justifica un nuevo plazo para la instrucción.

Esta investigación judicial se inició en mayo de 2019 a raíz de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón.

En la causa constan como investigados, además de Puig y Adell, el director general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Rubén Trenzano.