El PP presenta un plan para que la escolarización de 0 a 3 años sea gratuita en la Comunidad Valenciana en 2023

Menos cargos de confianza, concretamente 41 y una estructura gubernamental más austera, a cambio de garantizar que la educación de cero a tres años sea gratuita en el próximo curso escolar, el 2023-2024. Este es el plan que ha presentado hoy el presidente de PPCV, Carlos Mazón, y que el grupo parlamentario popular trasladará a Les Corts a través de una PNL.

El plan del PP cuenta con la actual red de centros privados que trabajan ya en coordinación con la Conselleria de Educación a través del bono escolar. La diferencia es que el PP propone acabar con este sistema de ayudas mediante el cual se subvenciona una parte de la plaza en función de la renta de las familias, y que, desde este curso sufraga el coste de las plazas de los niños de 2 años.

«Si gobierna el PP, el curso 2023-2024 será el primero de la gratuidad total de la educación en la Comunitat Valenciana. Las familias elegirán el centro y no tendrán que realizar ningún trámite».

Los populares han explicado también la manera de lograr los 204,85 millones que costará su propuesta, cifra que se obtiene descontando los 68 millones contemplados en los Presupuestos de 2022 para el bono infantil y la contratación de educadores.

La fórmula no es nada compleja. Se trata de recortar «gasto en políticos» en una Generalitat que es la que cuenta con «más asesores de la historia». Además, ha remarcado que establecer la gratuidad de este ciclo “poco a poco”, como está haciendo el Consell, “es un error” y ha defendido que el primer ciclo de Educación Infantil sea considerado como un único curso.

Mazón ha dicho que el compromiso ya adoptado del PP es agrupar direcciones generales, dejar en un máximo de 10 el número de Conselleries, y reducir a la mitad los cargos de confianza.

No obstante, para llevar a cabo este plan es suficiente con suprimir 41 altos cargos que se obtienen, principalmente de la eliminación de la Conselleria de Transparencia y de la Vicepresidenta de Vivienda, ambas pasarían a ser direcciones generales. De esta manera, según precisó el portavoz de Economía en Les Corts, Rubén Ibañez, se ahorrarían 31,38 millones y 212,6 millones. A esto hay que sumar la reducción de 10 direcciones generales a 7 en Presidencia (3,3 millones), de 4 a una en Innovación y universidades (5,1 millones), de la reducción del sector público- eliminando las sociedades mercantiles (3 millones) y de la reordenación del gasto público (75 millones). El ahorro ascendería a 239,38 millones de euros cuyo sobrante se podría destinar a incrementar becas comedor para las rentas más bajas.