Parlamento
Les Corts rechazarán investigar los contratos de emergencia firmados durante la pandemia
Lo habían solicitado tanto el PP como Ciudadanos
El pleno de Les Corts ha adelantado este miércoles la voluntad de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) de rechazar la comisión de investigación planteada por el PP y Ciudadanos sobre los contratos de emergencia suscritos por la Generalitat para hacer frente a la pandemia por covid-19.
Aunque la votación se hará este jueves, los portavoces de los grupos han adelantado en el debate de la jornada previa cuál será su posición, de modo que esta comisión, que han defendido los diputados Fernando Pastor (PP) y Fernando Llopis (Cs), no prosperará.
Llopis ha considerado “imprescindible” conocer cuál fue la estrategia del tripartito para hacer frente a la pandemia y ha añadido que “en una democracia consolidada, como la nuestra, el Gobierno ha de justificar ese gasto tan brutal que en muchos casos se encuentra por encima de lo razonable”.
Según este diputado, fueron un total de 409 millones de euros en 279 contratos. Además, ha cuestionado los 4 millones que Emergencias gastó en los hospitales de campaña, más los 14 invertidos en su dotación.
“Hoy sabemos que Puig pagó más del doble de lo que costaban unas mascarillas a un empresario chino que se dedicaba a importar ropa y que es conocido de la consellera Rebeca Torró”, ha añadido.
Asimismo, ha denunciado el “excesivo uso” de los contratos verbales, que alcanzaron un total de 82 millones de euros, y que “ni siquiera se controlaba que el material fuese el pedido ni su calidad”.
Por su parte, Fernando Pastor (PP) ha afirmado que hubo sobrecostes y contratos con amigos, y se ha preguntado si “se nombró consellera a Rebeca Torró para aforarla”.
Este diputado ha anunciado que, en breve, el PP acudirá a la Agencia Valenciana Antifraude a interponer una denuncia por este contrato de suministro de material sanitario, el que se firmó con la intermediación de Torró, por casi 45 millones de euros.
“Debería ser obligatorio esclarecer cómo se gestó el contrato más caro de la pandemia, fueron casi 45 millones que se contrataron a una empresa de la que podemos afirmar y probar que guardaba buena relación con Torró -ha asegurado-. Su capital social ascendía a 3.000 euros, cuando la segunda y tercera adjudicatarias tenían un capital social superior al millón de euros, y nunca antes había contratado con la Administración”.
Por su parte, Carmen Martínez (PSPV) ha recomendado al PP que acuda a la Fiscalía en lugar de a la Agencia Antifraude, y ha acusado a esta formación de no poder sembrar “ni una sola duda razonable sobre la gestión realizada”.
“A toro pasado es fácil decir que todo se hizo mal, que se pagó a precio de oro o que se debería haber adjudicado a empresarios valencianos. Todo el mundo implicado en las compras ha comparecido ya en Les Corts, y en la Comunitat se ha sometido la gestión de la pandemia a un nivel de escrutinio que no se ha alcanzado en ninguna otra región”, ha agregado.
“Se les llena la boca lamentando irregularidades y fallos, que los hubo, pero ¿quién no los comete en una pandemia? ¿Se dan cuenta de lo complicado que fue? Si hubiésemos ido más lentos o con más burocracia nos criticarían por ello”, ha añadido Martínez.
Desde las filas de Compromís, el diputado Carles Esteve ha recordado que estos contratos “se ampararon en un decreto, se hicieron con transparencia y no se ha suprimido el control posterior, porque todos ustedes han tenido acceso a los contratos”.
“Esto me suena al ‘todos somos iguales’ y no es verdad, en esta bancada no hay nadie esperando una condena por corrupción. La transparencia la ejercemos desde el primer día y así seguirá siendo cuatro años más”, ha agregado.
El diputado David García, de Vox, se ha preguntado “para qué pagamos la Conselleria de Transparencia” y ha reprochado a los grupos del Botànic que “si venían a abrir ventanas y cajones, en el Palau de la Generalitat huele a cerrado”.
Irene Gómez, de Unides Podem, ha asegurado que “la urgencia de las contrataciones siempre estuvo determinada por la necesidad, por el peligro de la pandemia”, y ha defendido que “siempre se hicieron con transparencia y con la prioridad de salvar vidas”.
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