El “requisito lingüístico encubierto” del Gobierno valenciano para los médicos

La Conselleria de Sanidad se ha quedado sola en el baremo para consolidar las plazas propuesto a los sindicatos

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez
El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez FOTO: Manuel Bruque EFE

Entre las muchas diferencias que han hecho chocar a los partidos que conforman el Gobierno valenciano, el conocido como «requisito lingüístico» es una de las que todavía está por resolver.

La Ley de la Función Pública se aprobó en 2020 sin determinar qué nivel de valenciano es necesario para cada puesto. Mientras que Compromís y Unides Podem siempre se han mostrado de acuerdo en exigir el conocimiento del valenciano a los funcionarios, el PSPV se ha mostrado más conservador en esta cuestión, especialmente en lo que se refiere al personal sanitario.

Dado que es imposible alcanzar un acuerdo, el asunto está paralizado y la comisión que debe determinar qué nivel de valenciano se exige a cada trabajador público, se quedó atascada cuando el pasado mes de mayo, el PSPV propuso exigir el nivel B2 de valenciano para el alto funcionario de la Administración, insuficiente para el resto de socios.

Por este motivo, ha sorprendido sobremanera que la Conselleria de Sanidad haya presentado en el proceso de consolidación de plazas un baremo donde saber valenciano tiene un peso fundamental en la puntuación.

«Es un requisito lingüístico encubierto», señala el portavoz de Sanidad del PP, José Juan Zaplana, quien se ha puesto de lado de los sindicatos que han rechazado la propuesta realizada esta semana a la Mesa Sindical.

Solo un sindicato- la Intersindical Valenciana- ha acepatado el baremo de méritos propuesto por la Conselleria de Sanidad para consolidar la plazas. Ni el CESM- CV, ni CCOO, ni UGT, ni el CSIF han dado su voto a favor en el proyecto presentado para abordar el procedimiento excepcional de plazas convocada bajo el paraguas que proporciona la conocida como «ley Iceta».

Desde el CESM- CV se han explicado con claridad cuáles son los motivos principales del rechazo generado.

De un total de 100 puntos, 30 se obtienen por méritos. Se da un máximo de 15 al conocimiento del valenciano (11 por conocimiento oral y hasta 15 por el grado superior) y los 15 restantes a la formación.

Del mismo modo, quien haya aprobado una oposición en los últimos diez años obtendrá cinco puntos y otras actividades formativas darán un máximo de 10. Entre ellas se incluyen los grados o las tesis doctorales. «Se puntúan los conocimientos de valenciano tres veces más que una tesis».

Los restantes 70 puntos están reservados para méritos profesionales. En estos se deja fuera a los trabajadores que tienen la condición de «laborales a extinguir», es decir, a aquellos profesionales sanitarios de centros hospitalarios que pertenecían a una concesión. O lo que es lo mismo, en estos momentos a los de los hospitales de Alzira y Torrevieja.

Mientras el CESM-CV ha advertido que acudirán a los tribunales, Sanidas asegura que el baremo respeta la legalidad.

No obstante, el sindicato ha insistido en que este criterio “puede vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública” y han aludido a una sentencia del Tribunal Supremo “que establece que, la valoración de los servicios prestados debe ser igual en todos los servicios de salud del Servicio Nacional de Salud”.

“Esto, con alta probabilidad, será objeto de impugnación por opositores de dentro y de fuera de nuestra Comunitat, lo cual puede interferir en el desarrollo del proceso de consolidación de puestos de trabajo, ya de por sí inadmisiblemente lento”.