La Conselleria de Educación deja sin tareas a los inspectores, “busca la impunidad en las aulas”

La inspección educativa en la Comunitat Valenciana cada vez tiene menos trabajo asignado. Es la denuncia que realizan los representantes de del sindicato USIE, que agrupa a estos trabajadores, y la asociación Isnovae.

«La Generalitat valenciana ha ido aparcando poco a poco la inspección educativa para tratar de actuar con impunidad en las aulas y así explicar normas a su antojo de una forma que, con la inspección no podría haberlo hecho», denuncia el presidente del PPCV, Carlos Mazón, tras mantener una reunión con ambas entidades.

Como ejemplo, los populares explican su papel en la aprobación de los proyectos lingüísticos de los centros. El cuerpo de inspección no tiene que emitir informe sobre ellos. El resultado, afirman, es que hay colegios en los que la Justicia ya ha determinado que no se aplica una proporción «razonable» entre valenciano y castellano.

A lo largo de este año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado cinco sentencias en las que pide a cinco centros de la Comunitat Valenciana que guarden «equilibrio» en las dos lenguas en el tiempo lectivo y su reparto entre las asignaturas troncales. «Se debe tomar en consideración el contexto socioeducativo y demolingüístico del que se trata con la finalidad de garantizar que todo el alumnado alcance la competencia lingüística en ambas lenguas».

La inspección ha quedado «relegada», insiste la portavoz de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, y recuerda que ya no pueden emitir sus informes sobre otros aspectos fundamentales como es el arreglo escolar- que es el que fija las unidades que se suprimen cada curso- o la renovación de los equipos directivos.

Tampoco realizan un seguimiento del sistema de reparto de recursos. «Es opaco no sabemos con qué criterio se distribuyen».

«Si queremos un sistema educativo con la mejor calidad posible, debemos tener la mejor inspección para que la garantice», insiste Mazón, que advierte de que la ley orgánica de Educación atribuye unas funciones a los inspectores que no deben ser realizadas por otro personal educativo.

El popular señala así a los asesores lingüísticos. «Son los que en ocasiones ejercen las funciones de los inspectores, pero el asesoramiento, la supervisión, el control y la evaluación solo es propia de la inspección educativa». Por el contrario, los asesores lingüísticos-personal elegido sin haber pasado ningún proceso selectivo- «trasladan mensajes en los centros de forma extraoficial, sin seguir ninguna normativa, solo con instrucciones verbales y de forma anárquica, lo que crea una inseguridad jurídica sin precedentes».

Con estos argumentos, Mazón acusa a la Conselleria de Educación de haber relegado a un papel residual a la inspección con la única intención de «hacer un corralito en lugar de un sistema educativo eficaz».

Garantizar la calidad en la enseñanza

Los populares defienden que la inspección haga un seguimiento de los resultados académicos para conocer el estado de la educación valenciana, así como del cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

Sobre estas bases, el PPCV ha pactado junto a Isnovae y USIE un decálogo para reforzar el papel de la inspección en el sistema educativo valenciano.

En este documento se insiste en que las funciones que la ley atribuye a los inspectores no pueden ser realizadas por los asesores lingüísticos, especialmente en lo que se refiere a la planificación de las horas que deben impartirse en valenciano y en castellano.

También consideran necesaria la creación de un grupo especializado para garantizar la neutralidad en las aulas, así como la defensa de las señas de identidad, los resultados pedagógicos y la inclusión educativa.

Sobre la manera en desempeñar su tarea, piden disminuir la tarea burocrática creando una plataforma única de trabajo para poder aumentar su presencia en los centros, y como promover la estabilización de las plantillas mediante la convocatoria de oposiciones.