El agua para Cataluña reabre el debate sobre quién paga la desaladora de Sagunto

A princios de los 2000, la negativa del Gobierno central a aprobar el tan demandado trasvase del Ebro para la Comunitat Valenciana, hizo que la región se convirtiera en pocos años en una de las principales en materia de desalinización en toda Europa. No hay trasvase, pero tendréis desaladoras, fue la máxima del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquellas infraestructuras, algunas de las cuales apenas se han utilizado hasta hoy, se han convertido ahora en la salvación para otras regiones que atraviesan una dura época de sequía.

Hasta aquí todo bien, pero, esta situación ha reabierto el debate sobre el pago de aquellas macroplantas de desalación. En el caso de la desaladora de Sagunto, el asunto del coste de la planta viene de lejos e incluso ha llegado a los tribunales. Una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Valencia dio la razón recientemente al Consistorio saguntino al no querer asumir los 5,2 millones de euros en facturas que le había trasladado la empresa pública estatal Acuamed.

El Ayuntamiento considera que se incumplen dos de las condiciones firmadas en el convenio de la desaladora hace ya 20 años. Por una parte, no se ha producido la esperada «explosión» industrial, consecuencia de Parc Sagunt I y II, que se suponía que iba a justificar la presencia de la desaladora en esta localidad.

Solo ahora, hace poco más de un año, se anunció la instalación de la gigafactoría de baterías eléctricas de Volkswagen. Sin embargo, desde esta empresa explican que, en el contrato firmado, se contempla la posibilidad de que se utilice el agua de la desaladora solo como una opción, pero no se concreta ninguna cantidad ni pago específico.

Por otra parte, tampoco se cumplió la inversión prevista, ya que aunque en un principio iba a ser de 20 millones de euros, en realidad finalmente fue de 43,5 millones. El incumplimiento de estas dos condiciones hace que el convenio firmado no pueda ser vinculante, según el Consistorio.

El anuncio realizado recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica de trasladar barcos con agua desde la localidad valenciana hasta la ciudad condal de Barcelona, ha reabierto el debate sobre quién debería asumir el coste de esta instalación.

Aunque el Ministerio explicó que los costes de producción serían asumidos por el Gobierno y el traslado con barcos por la Generalitat catalana, queda pendiente el asunto de los costes de construcción de la instalación.

Fuentes del Ayuntamiento de Sagunto han explicado que no es que el Consistorio no quiera asumir ningún gasto, pero sí reducirlo al que sea coherente con el uso que le da el municipio.

En el caso de la desaladora de Torrevieja -cuyos sobrecostes también llegaron a los tribunales aunque por motivos distintos, vinculados con las «mordidas»- el alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, intentó aprovechar la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles a la planta, para pedirle compensaciones por tener esta instalación en el municipio. Sin embargo, fue imposible ya que Moncloa no le permitió asistir al acto.