Cuatro años de cárcel para el ex alcalde de Bigastro (PSPV) por quedarse 300.000 euros de un promotor

La fiebre del ladrillo de principios de los 2000 puso bajo sospecha a un número nada desdeñable de alcaldes y concejales. Casi 20 años más tarde, la Audiencia de Alicante ha condenado por delitos de malversación y prevaricación administrativa al exalcalde de Bigastro José Joaquín Moya (PSOE) y al exsecretario-interventor de la corporación Antonio Saseta por irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la creación de un nuevo sector urbanístico y por apropiarse de un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre 2005 y 2006.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha impuesto al exalcalde cuatro años, seis meses y un día de cárcel y once años, tres meses y un día de inhabilitación como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, la Sala ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el exsecretario-interventor por el delito de malversación y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que José Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.

La coordinadora comarcal del PP en la Vega Baja, María Gómez, ha lamentado "el legado que ha dejado la etapa socialista en el pueblo de Bigastro" y ha señalado que el PSPV "debería pedir perdón por las tropelías de su exalcalde Joaquín Moya al municipio".

Gómez ha recordado que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, propuso en la Vega Baja como números uno para los comicios del pasado mayo a alcaldes procesados o condenados cuando lo que tenía que hacer era apartarlos y no abrirles la puerta a más responsabilidades públicas.