El Ayuntamiento de Valencia niega que el atasco en la tramitación de multas de la APR ponga en riesgo fondos europeos

El edil de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, ha informado esta mañana de que las multas en el ámbito de la APR (zona de preferencia residencial de Ciutat Vella) no se han tramitado en el último trimestre "por la situación de precariedad de personal en que se encuentra el área de movilidad". Ha explicado que "estamos en vías de solución y ya hay personas dedicadas a este tipo de expedientes". Carbonell ha negado que los fondos europeos para la zona de baja emisiones no están en riesgo porque están referidos al software y a las cámaras que se van a situar en toda la ciudad y en la zona de bajas emisiones: "los problemas de la tramitación de estas sanciones en la APR no tiene nada que ver con los fondos europeos que ha recibido la ciudad de Valencia".

Además, ha hecho hincapié en que "el Ayuntamiento tiene el firme compromiso de cumplir la normativa estatal y europea respecto a las zonas de bajas emisiones. Vamos a cumplir sin supuestas tutelas de la Delegación del Gobierno", ha dicho en alusión a las declaraciones realizadas por la delegada del Gobierno en las que decía que estaría vigilante.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha explicado hoy que en el Día de los Humedales, el Ayuntamiento ha adoptado un acuerdo que "va un paso más allá en la protección de uno de los humedales más importantes, que es la Albufera. Hemos impulsado los trámites formales para obtener la declaración de l'Albufera como reserva de la biosfera de la Unesco y hemos solicitado el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente".

Caballero ha explicado también que "hemos acordado impulsar la regeneración, reurbanización y revegetación de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta. El contrato de la empresa ganadora del concurso de proyectos es de 652.000 euros y están cofinanciada por la UE con Fondos Next Generation, en el marco de un contrato de doce millones de euros.

También ha destacado el proyecto de ejecución del Pabellón Municipal de San Isidro con un presupuesto de nueve millones de euros.

Otro de los puntos aprobados en la Junta de Gobierno es la licitación del proyecto de mejora del alumbrado público en diversas zonas con un presupuesto de 1.300.000 euros. Afectan a once propuestas del proceso de participación ciudadana en diversos barrios de la ciudad así como de parques, como el de la zona central de la avenida Blasco Ibáñez, o diversos tramos del carril bici en el Jardín del Turia que quedaban muy oscuros.

También se destinará un millón de euros para 1.262 nuevos nichos en el General, Campanar, Cabanyal y Benimàmet con un plazo de ejecución de diez meses.

Por último, el portavoz Caballero ha querido explicar muy bien "para evitar las malinterpretaciones de la oposición", la rescisión de un contrato con la Fundación Amigó para la tutela de inmigrantes. Ha dicho que esta rescisión se da en aplicación de la nueva ley de servicios sociales por la que es la Conselleria de Servicios Sociales la que a partir de ahora es la competente de facilitar este servicio. Y de hecho, ha sido la propia Fundación la que ha comunicado al Ayuntamiento esta circunstancia.