La Diputación de Alicante recurre el auto que niega la suspensión cautelar del recorte del Tajo-Segura

La Diputación de Alicante ha presentado este lunes el recurso de reposición contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que rechazó la suspensión cautelar del incremento del caudal ecológico del río Tajo solicitada por el ente provincial por los "perjuicios económicos, sociales y medioambientales" que esta decisión del Gobierno tiene sobre los intereses alicantinos.

En el escrito, interpuesto por los servicios jurídicos provinciales ante la sala de lo Contencioso-Administrativo que dictó el auto, se argumenta que esta decisión judicial "vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares" y apunta que la solicitud de cautelares responde a una razón de indudable urgencia, explica la Diputación en un comunicado.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha asegurado que, aunque es consciente de que "es muy difícil que este recurso prospere", desde la Diputación de Alicante se van a "agotar todas las vías posibles" y no escatimarán "ningún esfuerzo" para "defender los intereses de la provincia que, entre otras cosas, pasan por el mantenimiento del trasvase, vital para esta tierra".

En opinión de la Diputación de Alicante, y así se recoge en el recurso, el auto impugnado "se apoya en una serie de razonamientos que se consideran contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo".

En este sentido, se recuerda que la suspensión cautelar solicitada no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica puesto que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento de caudales ecológicos de 6 a 7 m3/s.

"La medida cautelar en modo alguno afecta ni condiciona al resto de regulaciones de las distintas demarcaciones geográficas contenidas en el Real Decreto y tampoco impide la fijación de caudales ecológicos, sino que simplemente discute que se haya determinado en un caudal a todas luces excesivo, injustificado y que provoca perjuicios notables en la cuenca receptora", recoge el escrito.

Se argumenta en este punto, además, que ha quedado acreditado mediante numerosos informes técnicos que "no hay una justificación mínimamente solvente que avale la cantidad fijada para el incremento del caudal ecológico", mientras que el daño para la cuenca receptora resulta "palmario y de gran alcance".

Al respecto, los citados informes apuntan que la elevación de 1m/s del caudal ecológico del Tajo se traduce en 28 hm3/año de merma en destino, lo que provoca pérdidas de más de 2.400 empleos y de más de 84 millones de euros, según el ente provincial.

En esa línea, el recurso de reposición incide en que estos perjuicios, dado su diversa y amplia proyección socioeconómica y medioambiental, "no son fácilmente reparables", de tal modo que la no adopción de la suspensión cautelar dificulta de manera notable la efectividad del fallo.

"Todo ello en tanto en cuanto las medidas reparadoras o compensadoras previstas en el Real Decreto, amén de su incierta aplicación, se dilatarían en el tiempo por la propia tramitación administrativa, haciéndolas ineficaces", ha advertido el presidente, Toni Pérez.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha vuelto a criticar la posición "totalmente arbitraria y sesgada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos años en relación con el trasvase, condenando a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas".