Educación centra la primera batalla entre el Consell de Mazón y el del Botànic

La primera batalla entre el antiguo Consell (el del Botànic) y el actual se libra en Educación. El conseller José Antonio Rovira dio este jueves una rueda de prensa para explicar qué ha ocurrido para que a finales de agosto todavía se estén resolviendo alegaciones de interinos y funcionarios que deben comenzar a trabajar el 1 de septiembre en los centros educativos públicos.

«Soy el máximo responsable de este proceso», admitió Rovira, acompañando esta afirmación de una pormenorizada cronología de cómo había trascurrido el proceso de adjudicación de plazas de interinos.

«Ha sido totalmente extraordinario, muchísimo más voluminoso» que otros años, y elBotànic no había puesto «los medios adecuados». En 2022 fueron 1.270 los funcionarios de carrera y en prácticas que optaron a las adjudicaciones y este año 8.845, todo ello sin haber retocado un sistema informático que, como ya denunció, está obsoleto. «Así se alertó en un informe de 2020 desde el departamento de informática de la Generalitat (la DGTIC)».

Esta primera lección ya está aprendida, puesto que Rovira aseguró que se renovará totalmente para que no vuelva a ocurrir el próximo año.

Pero además de esta cuestión, el conseller apuntó a la falta de implicación de los funcionarios que ocupaban puestos de responsabilidad en las direcciones generales.

En este sentido, dijo que se va a poner en conocimiento de la Abogacía de la Generalitat, por si puede ser motivo de expediente, el «abandono» de ciertos cargos que se fueron a su casa en dos tandas: el 21 y el 31 de julio, fecha esta última en la que se publicaron las notas de las oposiciones de Secundaria que había convocado el anterior Gobierno.

Su antecesora, Raquel Tamarit, dejó preparado en diferido el cese de 27 cargos, entre ellos siete responsables del proceso de adjudicación. «Esto no es justo ni adecuado» porque «han primado sus intereses personales, políticos o vacacionales y se fueron a casa en un momento complejo».

Rovira les acusó de dejar este proceso «empantanado», puesto que ocupaban lugares como la subdirección general de provisión de personal docente, la jefatura de plantillas de personal docente o las direcciones territoriales de Valencia, Castellón y Alicante.

Además, remarcó que en el informe que le entregó sobre el estado de las diferentes áreas de la Conselleria, el apartado de personal docente estaba vacío.

A juicio del conseller, si no hubiera habido cambio de Gobierno, el Botànic se habría encontrado «el mismo marrón» y lamentó que no fuesen conscientes de la complejidad del proceso de este año, al que han concurrido «cinco veces más» funcionarios que el anterior. Admitió que esperaba encontrar alguna «bomba» como esta y también que aún queda alguna más, aunque confía en que las próximas «no afecten a terceros».

Sistema sin comprobar

Rovira aseguró que el equipo de Tamarit no se preocupó por «testar» el paso de los profesores técnicos de FP a Secundaria, una novedad de este curso. Esta prueba no se realizó pese a que el Real Decreto del Gobierno que motiva este cambio se emitió en octubre del pasado año. «En otras autonomías no ha habido problemas porque sí se tuvo esta previsión».

Pese a los retrasos que el conseller no quiso ni pudo justificar, Rovira replicó a quienes hablan de «graves errores» en la adjudicación que el año pasado, cuando el proceso era «normal y ordinario» se presentaron 281 reclamaciones, de las que se estimaron 86, y este año, llevan unas 400, de ellas 126 referidas al cambio de los profesores técnicos de FP, de las que unas 90 se admitirán. «La gran mayoría ha tenido muy claro su destino. Se han ofertado 21.500 puestos».

Tras la rueda de prensa, Compromís, anunció la presentación de una pregunta en Les Corts en la que apunta a que Rovira sería el responsable de haber hecho colapsar el programa informático para conceder plazas a «personas afines en el listado».

Por su parte, el PSPV volvió a criticar la «incapacidad» de los populares para resolver esta situación y realizó otra acusación. En el fondo de esto este proceso hay un interés oculto de los populares, generar caos «para dinamitar la educación pública en la Comunitat Valenciana».