El Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de Alicante, en el aire

El pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación Alicante ha debatido la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima parcialmente el recurso presentado por el PP contra el Fondo de Cooperación Municipal; un asunto que se ha tratado a través de una moción presentada por el grupo socialista en la que se reclaman los 95 millones que los municipios de la provincia deberían haber recibido a través de ese fondo; una cantidad que, según la moción, dejaron de percibir, al negarse el Partido Popular a aprobar el plan inversor que puso en marcha el Consell del Botànic.

En el debate de la moción, la vicepresidencia segunda, y diputada de Administración General y Hacienda, Marina Sáez, ha defendido que el Fondo de Cooperación Municipal es un “gasto impuesto”, en referencia a que lo aprobó la Generalitat, agregando que existen otros planes de inversión propios como son el Plan Planifica y Plan + Cerca. Sáez ha agregado que esperarán “a conocer la sentencia” para definir su postura, añadiendo que se respetarán las decisiones judiciales.

Hay que recordar que el pleno del Tribunal Constitucional desestimó en su mayor parte el recurso interpuesto por 50 diputados del grupo popular en el Congreso de los Diputados contra la ley de la Generalitat Valenciana que regulaba el Fondo de Cooperación Municipal. Una ley que fijaba que las diputaciones financiarán a sus municipios con sus propios fondos.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien insistió que la posición de la institución provincial frente al Fondo de Cooperación Municipal «será siempre la defensa de la autonomía local de la Diputación y la defensa de los 141 municipios y tres entidades menores de la provincia de Alicante a los que nos debemos».

Sobre la posible participación en este programa de cara a 2024, indicó que la Diputación «va a estar al lado de los municipios de la provincia y esperemos poder hacerlo sin que se vulnere nuestra autonomía como administración local, siendo voluntarios en la participación y atendiendo verdaderamente las necesidades de los municipios y no un ‘págale tú». Añadió que esa experiencia que ya se ha vivido con aquellos que creen que una administración superior impone a otra administración que no es inferior cómo debe proceder en su autonomía».

Matizó además que se desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional, porque hasta ahora solo se ha emitido una nota de prensa del propio tribunal al respecto.

«Cuando tengamos esa sentencia valoraremos a qué se nos obliga en la misma y espero que no tengamos que quedarnos con un gratísimo recuerdo de lo bien que funcionó la corporación provincial en el último periodo haciendo llegar a los municipios de la provincia mucho más de lo que le imponía una administración que se creyó superior», recalcó.