La Generalitat valenciana pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado este 26 de agosto por el Gobierno de España que regula el reparto de menores migrantes no acompañados desde las Islas Canarias hacia las diferentes comunidades autónomas.

Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa tras el primer Pleno del Consell a la vuelta del parón estival la vicepresidenta primera y portavoz, además de consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. "A 26 de agosto no sabemos de los 517 menores que deberían llegar a la Comunitat Valenciana ni cuántos, ni cuándo, ni qué menores van a llegar", ha recriminado. "Desconocemos si son hombres o mujeres, menores de 15 años o de 16 o de 17, que es la media de los menores, si hay enfermos con necesidad de atención o personas con discapacidad", ha reprochado al Gobierno de España Camarero.

La portavoz asegura que sin esta información "no hay posibilidad de atender a estos menores ya que no podemos hacer estrategia ni preparar los centros", unas instalaciones que ha remarcado que no tienen espacio para acogerles al estar ya al 160% de capacidad.

De las 319 plazas oficiales hay ya "casi 500" ocupándolas, una cifra que no está actualizada ya que según ha dicho la vicepresidenta este verano han llegado más menores en embarcaciones a la Comunitat así como de otras comunidades autónomas, pero también los hay que han cumplido 18 "y dejan de estar en el sistema". "Las entidades sociales nos han dicho que no tienen ubicación ni personal para atenderlos con la calidad actual y no tenemos presupuesto porque el Gobierno no nos da".

Camarero ha incidido en el dato de que cada menor cuesta 218,55 euros por día a la Generalitat de mantener y ha criticado que el Gobierno solo "ha presupuestado 7 millones para 3 meses", lo que ya incidieron que equivale a 35 euros al día, una cifra siete veces menor. "No vamos a dejar que por la incapacidad de Pedro Sánchez nuestra comunidad falle en la protección y en dar la dignidad que se merecen a esos menores", ha enfatizado Camarero.

Es por ello que la vicepresidenta ha asegurado que una vez aprobado el decreto, la Generalitat solicitará su suspensión cautelar, como ya hizo previamente ante el Tribunal Constitucional al considerarlo inconstitucional y ante el Tribunal Supremo por el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025 que regularía esa acogida de migrantes.

Ahora se dispone a hacerlo de nuevo para intentar frenar una llegada de la que no tienen información. Camarero, eso sí, ha remachado que "no tenemos un problema de solidaridad, pero de plazas sí" y ha acusado al Gobierno de ser "pretender que las comunidades autónomas hagamos su trabajo".

En este sentido, ha enfatizado que para poder aceptarlos primero el Gobierno debería acoger a los cerca de mil menores no acompañados solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo dictó que debía acoger el Estado y de los que tan solo diez han salido hacia la península en este mes de agosto. "Primero el Gobierno acoja a los suyos y luego planificar las llegadas. Hasta entonces seguiremos recurriendo cada norma y ahora pediremos la suspensión cautelar", ha finalizado la vicepresidenta del Consell.