El pleno de la Diputación de Alicante aprueba la nueva Ordenanza de Subvenciones para agilizar la concesión de ayudas

El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles por mayoría la nueva Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones de la institución provincial, con la que se reducirá la carga burocrática que recae en los ayuntamientos y se agilizará la concesión de ayudas. El documento ha contado con el respaldo de los grupos Popular, Socialista y Compromís y el voto en contra de Vox.

La ordenanza, elaborada en el seno de la Comisión de trabajo integrada por técnicos de los distintos departamentos de la Diputación y diputados de todos los grupos políticos, introduce distintas medidas que facilitarán la solicitud y justificación de las subvenciones. Entre ellas, la posibilidad de otorgar la subvención a los ayuntamientos sin necesidad de esperar a la finalización del plazo establecido para la tramitación de la totalidad de las solicitudes, el refuerzo de la justificación por vía electrónica o el establecimiento de los planes de asistencia.

La vicepresidenta primera y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, ha puesto en valor el trabajo desarrollado para sacar adelante este proyecto, “que era necesario y de justicia para que las ayudas que emanan de esta Diputación cumplan con lo establecido y lleguen de forma más rápida y con menos carga burocrática a los ayuntamientos”.

La responsable provincial ha apuntado, no obstante, que este “es el primer eslabón de todo el trabajo que todavía queda por hacer en este sentido” y ha justificado la duración para la elaboración y aprobación de la ordenanza, que se inició en la anterior legislatura, en el trabajo técnico que ésta ha requerido.

Al respecto, la diputada socialista Isabel López ha puesto de manifiesto que “se ha tardado cuatro años y cuatro plenos desde que terminó el trabajo de la comisión técnica” en aprobar esta ordenanza, por lo que ha lamentado “que el ritmo del PP en esta institución es ir despacito”.

Vox, por su parte, ha votado en contra por su rechazo a la política de subvenciones de la institución en cuestiones como la Agenda 2030, la perspectiva de género o la cooperación internacional.

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