Enrique Grau camina por un páramo propio de una película extraterrestre. «Eso de ahí era un árbol mío», señala a una raíz que sale de entre las piedras. Caminando por allí, poco hace imaginar que en este paraje rocoso había antes un campo cultivable con 600 árboles de caquis. Un campo que ya nunca podrá disfrutar y que, en breve, tampoco será suyo, sino parte del río Magro que hasta antes discurría frente a sus campos.

Su parcela está incluida entre los planes iniciales del Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que plantea ampliar el término de las aguas fluviales y hacer así más anchos los barrancos y ríos para que no se sufran daños ante futuras riadas en terrenos agrícolas privados, que pasarán a ser de Dominio Público Hidrográfico (DPH).

En una lista inicial que los agricultores aseguran que «se ampliará mucho» y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ministerio de Agricultura identifica 1.159 parcelas de «tipo C» de «titulares de explotaciones agrarias... colindantes con cauces públicos que estén gravemente afectados», y en la web del Ministerio un mapa indica la «superficie estimada de dominio público hidrográfico tras la dana», con el catastro de cada territorio.

La sorpresa ha venido cuando se ha enterado que no le van a dar ni un euro por su campo. «Vino una persona de Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y me dijo: ‘Lo que el río te da, el río te quita’», esgrime Grau, que reclama que él tiene una escritura y deberían comprarle el terreno si no va a poder volver a cultivar. «Le dije ‘no me gusta lo que dices’, por la misma regla ahora el río es mío, que tengo una escritura de este terreno».

La Asociación Valencia de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Miteco busca escabullir el pago de una expropiación y que además, el Ministerio de Agricultura pagará las pérdidas generadas en los campos a un precio irrisorio de 11.800 euros por hectárea, «muy por debajo del valor real del suelo agrícola», esgrimen. «Pero más allá de indemnizarse los daños, para evitar reponer estas parcelas en su estado original hemos solicitado que se expropien. Esto va indefectiblemente aparejado a una indemnización justa», explican desde AVA-ASAJA. La asociación agrícola está formando un grupo de trabajo con los propietarios afectados para poder hacer presión a las autoridades y cobrar una indemnización justa. «Este grupo de afectados reivindicará la figura de la expropiación», reclaman.

El agricultor de Turís asegura que fue «el primero en apuntarse» tras saber la noticia. «Con ese dinero no tengo para reponer ni la casa de goteo», afirma, y añade que más allá de los árboles perdió toda la tecnología que había invertido para monitorizar sus cultivos. «El seguro me ha pagado un año cosecha, pero igual que a cualquier otro que el año que viene sí podrá plantar, yo ya no».

«No es una expropiación, es un robo. Se queda para dominio público, no te dan un duro y no eres propietario del campo», simplifica José Ibáñez, delegado de AVA-ASAJA en Turís. «Al principio nos dijeron que arreglarían todo desde Tragsa, pero nosotros ya dijimos que no se gastaran el dinero en balde si al final iba a ser una zona de afección de agua, pero ahora claro, nos encontramos con que no nos pagan ni el campo y estamos doblemente afectados», afirma.

Unos precios «justos»

Desde el Miteco aseguran a LA RAZÓN que «según el Código Civil no se pueden hacer expropiaciones» pero que al igual que las compensaciones por cultivos propuestas por el Ministerio de Agricultura «se estudiará la fórmula para compensar a los agricultores». De todos modos, puntualizan que la delimitación ocurrirá previsiblemente «a final de año» ya que antes «tienen que finalizar las obras de emergencia que se están llevando a cabo».

Según las tablas de la Generalitat Valenciana, el precio medio de la tierra para el año 2024 es de 20.850 euros la hectárea, que sube hasta 32.600 euros en casos de regadío e incluso más en cítricos, hasta los 33.950 euros. Grau esgrime que hace unos años compró un campo de cultivo por 21.600 euros la hectárea y se especificó que estaba «por debajo del precio del mercado», por lo que pide recibir, al menos, el valor del catastro por su terreno.

Fuentes de la Conselleria de Agricultura recuerdan a LA RAZÓN que «el Gobierno de España es el titular del Dominio Público Hidráulico y, por tanto, responsable de la gestión de nuestros cauces» y afirman que «debe asumir con generosidad la reparación de los daños que, de forma indebida, han afectado a nuestros agricultores. En el caso de las expropiaciones, pide que sean «indemnizadas de forma justa y adecuada por el Ministerio».