La pasada semana, los responsables de comunicación de PSOE y sus socios de gobierno, doce partidos en total (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts, EH Bildu, BNG, CUP, Más País, Compromís, Nueva Canarias y PdeCat), remitían a la Secretaría General del Congreso de los Diputadosun escrito señalando como inaceptables ciertas imprecisas actitudes de ciertos inconcretos periodistas. Alarmante, pero no sorprendente. Puesto que se trataba de periodistas convenientemente acreditados, es fácil presuponer que los pertinentes requisitos de profesionalidad y capacitación, pertenencia a un medio solvente y cuantos requerimientos se estimen actualmente necesarios y oportunos, se cumplían. ¿Qué se pretende entonces con este escrito? ¿Qué medidas aspiran a imponer? ¿Es un intento de controlar a la prensa, dificultar el derecho de la ciudadanía a recibir informaciones y opiniones, limitar la libertad de expresión? ¿Establecer un nuevo filtro para los medios, esta vez ideológico, en las instituciones? ¿Es aceptable? Hablamos, como siempre, con los mejores.

Miguel Ángel Aguilar, columnista y reportero irreemplazable, fundador de la Asociación de Periodistas Europeos, conoce bien los embates de la censura. «He escuchado las preguntas», comenta, «y fueron pertinentes, la clase de preguntas que le corresponde hacer a un periodista. ¿Pero qué es eso de que ante una pregunta el político responda con si el periodista es o no es de extrema derecha? Lo sea o no, a lo mejor su pregunta da en el clavo. No veo que haya base ni para descalificar las preguntas ni a los periodistas».

«Lo realmente grave es el proceso de censura que se está haciendo desde la izquierda biempensante, convencidos de estar obrando de manera correcta y por nuestro propio bien», explica Alfredo Semprún, escritor y periodista de dilatada trayectoria, y subdirector de LA RAZÓN. «Creen que hay preguntas que suponen ataques y cuando el periosdista busca sus contradicciones está perdido, es lo que les pone nerviosos. Lo he visto en Nicaragua, en El Salvador, lugares donde, ante preguntas lógicas de los medios, el poder se negaba a responder».

Interviene Santiago González, autor desde sus inicios de más de 8.000 columnas en diferentes medios, actualmente en «El Mundo» y en esRadio, voz imprescindible hoy: «Una de las más viejas definiciones del periodismo es aquella que dice que sería el contar aquello que alguien quiere que no se sepa». Y prosigue, «y es también algo tan viejo como el mundo que ese alguien quiera evitar que ocurra. Y ahora mismo es eso lo que quiere el sanchismo, que ha confundido la información con la propaganda. Ya lo dijo Pablo iglesias en una charla a las Juventudes Comunistas en Zaragoza en 2012, cuando ante la pregunta de si prefería educación o propaganda, contestó que, sin lugar a dudas, propaganda».

«Detrás de una noticia, efectivamente, siempre hay alguien que quiere impedir que se publique», tercia Aguilar. «Justo lo que pasa aquí: que hay una posible noticia y no quieren dar explicaciones. El político quiere al periodista ahormado. Lo advertía Vicente Zabala, que los cronistas no deben conocer a los toreros. Una vez que conoces a alguien, si has tenido trato o eres amigo, buscarás una manera suave de decir las cosas, los eufemismos». Por eso, añade, «estos quieren periodistas de cámara, de confianza, con los que puedan conchabarse. Preferirían quitarse del medio al que no da facilidades».

Las manos a la cabeza

«Ellos creen que hay un cierto periodismo que no es periodismo», tercia Semprún: «Es otra forma de hacer política. Y, aunque hay casos ante los que yo mismo, como periodista, me echo las manos a la cabeza, en este caso me pregunto: ¿quién decide qué es lícito y tolerable? ¿Los políticos, sus responsables de prensa?». Queda la pregunta en el aire... A Santiago González le sorprende «la falta de coraje democrático de los periodistas. Salvo honrosas excepciones, no se produjo la reacción esperable: que todos hubiesen repetido la pregunta rechazada. Obligar a contestarla o evidenciar la reticencia a dar explicaciones». «Recuerdo», nos dice, «aquel caso de Giscard d’Estaing, cuando pretendió evitar que los fotógrafos se apostaran frente la entrada del Elíseo. Al salir el presidente y el primer ministro del siguiente Consejo de Ministros, los fotógrafos les recibieron con un pasillo plantando las cámaras en el suelo y cruzando los brazos. Este coraje periodístico está a años luz de esto».

Para Miguel Ángel Aguilar, aún más sorprendente ha sido la actitud de la Asociación de la Prensa de Madrid, que, en lugar de intervenir con una inapelable defensa de la profesión y de la necesaria y exigible libertad para ejercerla, «ha salido en plan soberano pontífice, con un “hermanos, portaos bien, sed comprensivos”. Pero a un señor le han hecho una pregunta y, no solo no le contestan, sino que se dirigen a él de manera bastante inaceptable. La Asociación de la Prensa está para denunciar ese comportamiento indebido».

«La función del jefe de prensa no debería ser censurar al periodista –afirma González–, sino hacer fluida la comunicación entre la institución para la que trabaja y los ciudadanos. Y el nexo obligado son los medios de comunicación. Lo inteligente sería hacer más fácil su labor para, entre otras cosas, evitar este problema actual de la profesión que supone que alguien que escribe en redes crea estar ejerciendo el periodismo, pensando que es equivalente tener un poco de ingenio y miles de seguidores a informar con solvencia, con formación, excelencia». «Existen muchas formas de decir qué es un periodista», dice al respecto Aguilar: «Una sería que es el tipo que cuenta a los ciudadanos lo que pasa. Pero otra, decisiva, añade que lo hace alguien acreditado. Porque la acreditación diferencia al profesional del “amateur”. Identifica y compromete».

Para González, aún hay más: «Lo asombroso es que incluso en la propia profesión haya quien es capaz de erigirse como presidente de tribunales de ética deontológica, decidiendo quién merece y quién no informar, justificando incluso el escrito contra sus propios compañeros», explica, «si una fuerza política se cree autorizada para decidir por motivos ideológicos que un informador no puede tener derecho a ejercer su trabajo por discrepancias ideológicas, y los ciudadanos lo normalizamos, con idénticos argumentos puede hacerlo otro llegado el momento de un relevo en el poder».

«Empieza a resultar preocupante que quienes tienen autoridad no se planteen el caso con rigor», comenta Aguilar. Y añade: «El poder es inclemente con el que pregunta. Había que ver lo que era hacerle preguntas a Fraga, por ejemplo. Pero había que hacerlas. Y Fraga te podía cerrar el periódico, como el “Diario Madrid”. No era una broma. O aquel ministro, León Herrera Esteban, cuando compareció después del Consejo de Ministros que dio el enterado a las penas de muerte que se cumplieron el 27 de septiembre de 1975, y contaba el asunto como un acto de conmiseración de Franco, porque después de confirmar cinco penas de muerte conmutó otras tantas, en su infinita misericordia...». «El deber de los periodistas es estar presentes en los acontecimientos. Y poner al poder contra las cuerdas. Preguntar, insistir. Para los abrazos, el poder ya tiene mucha gente», cierra Aguilar.