Toda la verdad (aunque parezca mentira) sobre el «tour de La Manada»

La verdad es una: el colectivo ultrarracionalista Homo Velamine perpetra una acción (la oferta de un falso tour) para denunciar, a través de la ironía, la instrumentalización y sobreexposición del conocido como Caso de La Manada por parte de los medios de comunicación. Podemos entrar en debates morales, pero la verdad de los hechos está condensada en esa frase. Pudo haber un error de cálculo, ser excesivo, de mal gusto, pudo carecer de empatía, ser desconsiderado o indolente, gustarnos o repugnarnos. Pero eso es lo de menos y lo que fue es lo que fue: un bulo que evidenciaba el circo mediático alrededor de un caso concreto.

Un proceso kafkiano

Lo inaudito es que, una vez desmentido tras haber conseguido su objetivo (todos los medios picaron y se hicieron eco de ello), el colectivo es demandado por la víctima de La Manada. «La demanda se interpone cuando hace ya cinco meses que no existe la página y en su lugar aparece un desmentido», cuenta Anónimo García, cabeza visible de Homo Velamine y víctima de todo este kafkiano proceso. «El escrito de acusación no hace referencia a ese desmentido ni a la naturaleza de la acción, sino que da el tour por real y afirma que las intenciones eran el lucro, hacer daño y humillar a todas las víctimas, a las mujeres en general». Es decir, se denuncia algo que nunca existió e, insólitamente, eso tiene un recorrido judicial y acarrea una condena (a 18 meses de cárcel, en un proceso penal que asciende a casi 40.000 euros, para lo que se hace uso por primera vez del artículo 173.1 del Código Penal contra la libertad de expresión artística). Sobre todo este proceso y sus consecuencias trata el último libro de Juan Soto Ivars, «Nadie se va a reír». Y, efectivamente, acaba uno sin ganas de reír. Con la incómoda sensación de haber presenciado una injusticia y no poder evitarla.

«En este juicio», explica el autor a LA RAZÓN, «se enfrentan dos tipos de verdad: la verdad del dolor (que yo no voy a poner en duda pese a que en el juicio no actúan peritos independientes) y la verdad de las intenciones. Y gana la verdad del dolor. Así que por más que Anónimo explique, no ya que hacer daño no era su intención, sino que él creía estar en el mismo bando de la víctima, no importa. Por mucho que él diga la verdad y la explique, lo que gana es el dolor. Y en un juicio lo que se debe determinar es si hay un delito y que prevalezca la verdad. En esta sentencia prevalece la verdad del sentimiento de una parte por encima de la verdad objetivable a la que se llega interrogando a la otra. Es increíble. Se puede tener un debate sobre si la acción es moralmente aceptable o no, por supuesto», apunta Juan. «Y es verdad que ellos no tienen en cuenta que la víctima lo puede ver y quizá sea un fallo de cálculo. Pero estamos hablando de un proceso penal. En esta sociedad mucha gente confunde “me parece bien” o “me parece mal” con “es justo” o “es injusto”. Y esto que está ocurriendo, aunque parezca mal la acción, no es justo. No se trata de criticar el acto como correcto moralmente o incorrecto».

«El derecho penal», apunta Anónimo, «es lo último que se debe poner en práctica, cuando se han agotado el resto de vías. Aquí no ha habido ningún tipo de acercamiento antes, ninguna intención de conciliación, ninguna negociación de paz. Es un ataque directo y muy, muy severo. Nosotras nos podemos haber equivocado y haber causado daño. Es un error que estamos dispuestas a admitir y que se puede subsanar de alguna manera. Pero abrir un proceso penal no es un error: la abogada es consciente del daño que va a causar a la persona demandada y el peligro de abrir un proceso penal contra un derecho fundamental. No era necesario sacar los ejércitos de Napoleón sabiendo que van a arrasar con todo. Pero tiene mucho dinero en juego: los casi 12.000 euros que pide para sí a costa de la libertad de expresión».

Interviene Juan: «El problema es que una vez empieza el proceso judicial ya no hay manera de detener esto, de deshacer el nudo. Un proceso penal no es para el entendimiento, es para condenar a alguien. Si hubiese habido una corriente mediática que se hubiese hecho eco de lo que es la verdad, lo que era, las intenciones, el malentendido… hubiera sido más difícil el juicio, pero aquí pesa la versión mediática. Y ha sido unánime en lo falso. Una vez entra en el automatismo del proceso, lo que está funcionando es esa verdad mediática y no la verdad. Por eso yo culpo a la profesión periodística. Los que lo dijimos hicimos lo que pudimos, pero faltaron muchas voces, que reconocían en privado que esto les escandalizaba pero que en público no se atrevían a hacerlo. Igual que está ocurriendo ahora con el libro. A mí me dan voz, sí, pero aquí falta gente que diga que esto es inaceptable. Es necesario un debate. Pero el tema de La Manada es tan tabú que hay miedo a contaminarse. Ha prevalecido la posverdad. Falta un debate social sobre los límites de la parodia y sobre este caso en concreto, sería muy enriquecedor ver opiniones diferentes. Pero en este caso no se genera ese debate, no se atreven».

«Pero es un falso dilema», añade Anónimo. «Es verdad que a quien tengo enfrente en los tribunales es a ella, y que ha sufrido mucho por un tema en concreto, pero ese es otro asunto. Ella puede ser víctima de aquello y haber sufrido mucho, no lo dudo, y, al mismo tiempo, que esto que está ocurriendo ahora sea injusto. Esta es una denuncia falsa, objetivamente. Se sabe lo que ha pasado, está ahí, lo puede ver cualquiera, se han aportado las pruebas… Y aun así sigue adelante. Lo hemos explicado antes de la denuncia y también en el juicio. Pero a la abogada y a la jueza les conviene que el bulo sea verdad. La chica dice que sufrió al pensar que había personas haciendo el recorrido. La sentencia es una oportunidad perdida de sacarla de esa miseria al no explicarle la verdad. Pero hay una intención de dar mucha más importancia al bulo, como si fuera más verdad que la verdad. El desmentido es una prueba contundente a nuestro favor, pero incluso si no lo hubiera no habría lugar a la condena. El tour, de ser real, tampoco es condenable judicialmente».

Última vía judicial

El caso ahora está ahora pendiente del recurso de amparo, admitido a trámite por el Constitucional y que aun demorará demasiado tiempo en resolverse. «Si el Constitucional no echa atrás esta condena», señala Soto Ivars, «lo que está diciendo de manera tácita es que si alguien hace una sátira sobre un caso voz populi donde hay víctimas y una de ellas se ve afectada, eso es delito. Si el Constitucional exonera a Anónimo, estamos a salvo. Pero si no, lo que está transmitiendo es que tu acercamiento a cualquier caso mediático con víctimas no puede ser interpretado de ninguna de las maneras por esa víctima como ofensivo porque entonces, independientemente de tu intención y de la verdad objetiva incluso, estás fuera de la ley. Y a mí eso me parece gravísimo. Ya solo que el Constitucional lo haya admitido a trámite en el plenario habla de la importancia de este caso». «Es que la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que da igual lo que yo quisiera hacer. No importa. Solo se contempla el dolor. Y si eso es así, es una apisonadora que se puede llevar por delante el valor de la verdad», explica Anónimo. «Lo único que ha conseguido este proceso es que haya dos víctimas», concluye Juan Soto Ivars, «una involuntaria, a la que el falso tour le provoca un daño, y otra es la víctima del proceso penal. Y eso lo podemos decir: Anónimo García es una víctima».