Memoria democrática

Juan Carlos, Suárez y Fraga: más víctimas

La empresa de demoliciones Sánchez S. A. vuelve a la carga: es posible que se retiren monumentos y placas con el nombre de estos tres políticos por haber obtenido un cargo durante la dictadura

Desde la izquierda, Landelino Lavilla, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González, el Rey Juan Carlos, Miquel Roca, Javier Arzallus y Manuel Fraga en 1980
Desde la izquierda, Landelino Lavilla, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González, el Rey Juan Carlos, Miquel Roca, Javier Arzallus y Manuel Fraga en 1980larazon

Ahora le toca el turno al Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y Manuel Fraga. La empresa de demoliciones Sánchez S.A. no da una. Resulta que con la ley de memoria democrática en la mano es posible que se retiren las placas, estatuas y calles dedicadas a ellos. El motivo es que tuvieron cargos en el franquismo. La ley de memoria histórica, la del olvidable Zapatero, solamente hacía referencia a aquellos que hubieran estado involucrados en los crímenes del franquismo. La actual, la sanchista, la dictada por Bildu, afecta a todos los que tuvieron un cargo durante la dictadura.

Falange, ya saben, ese grupúsculo que vive en la nostalgia del terror pero que piensa que las ideas joseantonianas se pervirtieron, ha tenido una ocurrencia. Estamos en el país en el que los comités de ideas brillantes no echan nunca el cierre. A los falangistas se les ha ocurrido solicitar la retirada de las placas, bustos y nombres de Don Juan Carlos, Suárez y Fraga de los lugares públicos. El objetivo, dicen los de la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, es mostrar la sandez de la citada ley y poner en un aprieto al «sistema».

Norberto Pico, el mandamás de Falange, dice que «no hay duda de que estas tres personas fueron dirigentes del franquismo, que ocuparon altísimos cargos durante esta etapa nombrados personalmente por Francisco Franco». Y ha retado al «sistema» diciendo: «¿No querían memoria? Pues aquí tienen tres tazas». Bildu ha aplaudido con las orejas, eso sí, en silencio, así como otros socios del sanchismo. Es su sueño dorado: la inclusión del Rey de la democracia entre los expulsados de la vida pública y de la memoria por ser fascistas. Otro tanto pasa con Adolfo Suárez, al que, en su inmensa sabiduría histórica y ecuanimidad, consideran un pelele del Ejército.

Y de Fraga, el de «la calle es mía», frase que nunca pronunció, qué decir. La sentencia aquella se la inventó la propaganda comunista en 1977, con Franco ya muerto, para estropear la imagen de la derecha democratizada, con un falso diálogo que se publicó en la revista «Triunfo». Todavía se le atribuye. De hecho, Pedro Sánchez la usó en 2014 para insultar a Mariano Rajoy. Debió ser el mismo asesor que confundió a Gil de Biedma con Blas de Otero en el discurso que le escribió asimismo para motejar al PP.

También está muy feliz por la propuesta falangista todo el memorialismo y su abogado, Eduardo Ranz, porque les permite poner etiquetas a todo lo que hay. La ley ha puesto en su mano una etiquetadora, y, entonces, con el ruido montado por los del saludo romano, dicen, con el brillo en los ojos que da el ser juez sin merecerlo: «Suárez, no, pero Fraga es más complejo… aunque considero que la parte más importante de su trayectoria la desempeñó como senador y presidente de la Xunta en la democracia». Menos mal. Los profesionales de la Historia contemporánea ya podemos estar tranquilos. Si lo dice Ranz, así será.

«Si funciona, no lo toques»

Cómo les gusta a unos y otros el ruido y la opinión, la imposición y el tentetieso del que manda. Ahora resulta que una mala redacción de una ley hecha sin el consenso adecuado, porque debería ser de Estado, no de partido, y menos de rupturistas, lleva a facilitar el camino a los que quieren romper los puentes en la sociedad española. Una vez tuve en casa a un mecánico de esos que arreglan lavadoras. Llevaba un mono azul y encima una chaqueta con mil bolsillos. No faltaba el boli en la oreja, ni el acento cheli. Tras mover el aparato se quedó pensativo y me soltó: «Si funciona, no lo toques». Eso mismo se podría decir del mito de la Transición, de sus hombres y de su espíritu. Ha estado funcionando razonablemente bien durante décadas, pues no lo toques. Y si alguien lo revisa, que sea un historiador con documentos, no un abogado ni un grupúsculo político.

Sería ridículo que una ley convirtiera en demócratas a terroristas y a otros violentos, a gente que luchó para imponer una dictadura del proletariado o nacionalista. Daría asco que aquellos que tuvieron delitos de sangre, que aterrorizaron a la población, que dejaron huérfanos, ahora tuvieran la vitola de ser los verdaderos impulsores de la democracia en España, y que Juan Carlos, Suárez y Fraga fueran sumidos en el ostracismo. Es grotesco que falangistas, comunistas, independentistas y filoterroristas aprovechen una ley innecesaria y totalitaria para darnos lecciones.