Trocadero: 200 años de la primera muerte del liberalismo

Fue el fin del Trienio Liberal. Un 31 de agosto de 1823. Hace ahora doscientos años. Acabó entonces la segunda vida de La Pepa, aquella Constitución con más fama que suerte. Los Cien Mil Hijos de San Luis, comandados por el Duque de Angulema, habían penetrado en España por orden de Luis XVIII, rey de Francia, y el gobierno español huyó con un prisionero de lujo, Fernando VII. Tras la toma del fortín de Trocadero aquel día, el régimen liberal fue liquidado.

Lo cierto es que el Borbón español había hecho todo lo posible para que la etapa constitucional fracasara. No solo orquestó un golpe de Estado el 7 de julio de 1822 con la Guardia Real batiéndose con la Milicia Nacional en las calles de Madrid, sino que solicitó ayuda a Luis XVIII y al zar Alejandro. Es más; para cargarse de razón sobre el peligro liberal, puso a los más radicales al frente del Gobierno de España. A esto se sumó la guerra civil desatada tras el fracaso del citado golpe. Mataflorida, un hombre de Fernando VII, formó una Regencia en la Seo de Urgel, en agosto de 1822, para derribar el régimen constitucional. Además, el Rey disponía de una buena red de alborotadores y revolucionarios profesionales para alzar al pueblo, como ya había hecho contra su padre en marzo de 1808.

San Miguel, liberal exaltado que presidía el Gobierno, aumentó la campaña contra los realistas en 1822. Reclutó una quinta, envió tropas a Cataluña, y dio el mando a Espoz y Mina, con gran autoridad entre los liberales. Los realistas catalanes, navarros y vascos pasaron a Francia, mientras que los gallegos, castellanos, leoneses y extremeños se refugiaron en Portugal.

El fracaso de los liberales

La victoria no compensó los errores cometidos por los bandos liberales, incapaces en dos años de ponerse de acuerdo en la construcción del nuevo régimen, con una Constitución inservible. Ya entonces un grupo de liberales consideró que La Pepa establecía una separación excesivamente rígida de los poderes. Esto era grave en lo que se refería al papel del Rey, al que otorgaba la capacidad de nombrar un Gobierno ajeno a las mayorías parlamentarias, y sin que sus miembros fueran diputados. Tal circunstancia provocó un enfrentamiento constante entre el Rey y las Cortes, representantes de la soberanía nacional. Con lo cual, la Corona y la nación podían ser dos sujetos en conflicto, lo que no es aconsejable. No conviene olvidar que una parte considerable de los españoles no quería el liberalismo ni el sistema constitucional, y de ahí la guerra civil y la facilidad con la que los Cien Mil Hijos de San Luis atravesaron el país.

Fernando VII supo muy bien aprovechar la división de los liberales, separados entre las sociedades de anilleros, masones y comuneros, que actuaban como partidos políticos. Ante la inestabilidad, también propiciada por el rey, España era un tema de conversación para las potencias europeas, en concreto Austria, Prusia, Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas se reunieron en Verona entre octubre y diciembre de 1822. No querían que la revolución española traspasara fronteras. Wellington se negó a intervenir, en contra de la opinión del resto. Austria, de la mano de Metternich, ya había invadido Nápoles y luego el Piamonte, donde se había emulado la revolución española de 1820. A finales de 1822 acordaron que las cosas de España no podían seguir así. Era un foco revolucionario, donde el rey podía ser derrocado y ejecutado. El zar Alejandro, a quien había pedido auxilio Fernando VII, propuso enviar tropas rusas que debían atravesar Europa, y el resto se negó. Finalmente, por sugerencia de Metternich, enviaron unas notas pidiendo al gobierno español que contuviera la exaltación liberal o intervendrían.

El engaño de Fernando VII: «No adoptaré un Gobierno absoluto»

En las notas de Metternich se pedía la introducción de un Senado, como Jovellanos había propuesto antes de la reunión de las Cortes de Cádiz, a modo de freno de un Congreso impetuoso. Los motivos, decían las notas, era que España había contagiado a otros pueblos, como Nápoles y el Piamonte, y que estaba separada del nuevo orden europeo. La respuesta española fue la esperada: ni un paso atrás. La Constitución de 1812 había emanado de la soberanía nacional y había sido jurada por todos, incluido el rey. No se iba a tocar ni una coma. La sugerencia de las potencias extranjeras, concluía, era inaceptable para un país independiente. Los embajadores de las potencias menos el británico, encabezados por Lagarde, el francés, abandonaron Madrid el 9 de febrero de 1823, lo que fue muy mala señal. El gobierno del Reino Unido pidió al español que cediera. Ante la negativa, Canning, secretario del Foreing Office, comunicó a Francia que no se opondrían a la invasión de España si las tropas salían nada más cumplir su misión, no entraban en Portugal y no se entrometían en la América española recién emancipada. El gobierno conocía que se preparaba la invasión, así que abandonó Madrid como había ocurrido en la Guerra de la Independencia. Primero se instalaron en Sevilla, y luego en Cádiz, la inexpugnable. Salieron con el rey, que iba a regañadientes. En la capital andaluza, la tensión se hizo insostenible. Hubo quien propuso asesinar a Fernando VII. Prosperó la idea de Alcalá Galiano de inhabilitarlo, diciendo que estaba incapacitado por una cuestión mental.

Las tropas francesas

En abril de 1823 los Cien Mil Hijos de San Luis, bautizados con ese nombre por Chateaubriand, pisaron suelo español. Eran 95.062 infantes con caballería y artillería. El objetivo francés era obtener una victoria en Europa para volver a ser una potencia de orden, que Luis XVIII triunfara donde Napoleón fracasó, y asegurar a otro Borbón en su trono. El 7 de abril estaban en Irún. El ejército español, de unos 130.000 hombres, retrocedió sin presentar una gran batalla. El plan militar de resistencia fue malo. Mina, el Empecinado, Torrijos, Riego y otros liberales fueron relegados a puestos secundarios, y el ejército del Centro se entregó a La Bisbal, que acabó traicionando al Gobierno. Esto permitió a los franceses atravesar la Península aunque se luchara en San Sebastián, Pamplona y Cataluña.

El 23 de mayo de 1823 los franceses entraron en Madrid sin resistencia. Los absolutistas aprovecharon para asaltar las Cortes y destrozar el edificio por dentro con vivas al rey absoluto y a la religión, y mueras a la nación y a la constitución. Se asaltaron las casas y comercios de los liberales, que hacía tiempo habían abandonado la ciudad. Esto solo aventuró males. En Sevilla ocurrió lo mismo cuando el Gobierno dejó la ciudad rumbo a Cádiz. Allí había 15.000 hombres bien pertrechados, con varias fortificaciones aledañas entre las cuales estaba el fuerte del Trocadero.

Angulema llegó al Puerto de Santa María el 16 de agosto. Prometió una generosa amnistía si se rendían. La respuesta del gobierno español, firmada por Fernando VII, fue negativa. La clave para rendir Cádiz era tomar Trocadero, desde el cual se podía bombardear la ciudad y facilitaba la entrada de barcos franceses. 1.700 hombres y 50 piezas de artillería defendían el fortín. El enemigo fue acercándose cavando trincheras. El 30 de agosto hubo un fuerte cruce de baterías, y a las 2 de la mañana del 31, los zapadores franceses entraron. Se entabló una lucha cuerpo a cuerpo. A las cuatro horas los españoles se rindieron, no sin antes perder casi 400 hombres. Ahí se perdió todo. Cádiz, y con ella el Gobierno y el régimen constitucional, quedó bajo el dominio francés. Tras tres semanas de bombardeo, los liberales se rindieron y Fernando VII, repuesto en su trono absoluto, abolió la Constitución de 1812.