Juntos, pero no revueltos. El expresidente del Fútbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu coincidió anoche en los calabozos de la comisaría de los Mossos de Les Corts con algunos de los detenidos por los incidentes violentos del pasado sábado en la ciudad condal, señalados como anarquistas «violentos» por la Policía autonómica. Pero según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, los agentes asignaron a Bartomeu y al exasesor presidencial Jaume Masferrer a otras celdas aparte, aunque separados, para que no compartieran reclusión con detenidos de presumible perfil violento.

Según esas mismas fuentes, se trata de algo habitual en los protocolos que siguen los Mossos en estos casos, en los que tienen en cuenta el perfil de los detenidos a la hora de asignarlos a una y otra celda a la espera de su comparecencia ante el juez, que en el caso de Bartomeu y Masferrer se producía solo horas después. Una comparecencia judicial de la que salieron en libertad provisional, pero sin despojarse de la condición de investigados, tras acogerse a su derecho a no declarar a la espera de que sus defensas conozcan al detalle los pormenores de un año de investigación.

«Los trataron bien», aseguran las fuentes consultadas, que precisan que sus abogados pudieron estar con ellos sin ningún impedimento. De hecho, señalan, no se recurrió por sus abogados a plantear un procedimiento de habeas corpus (recurso legal ante una supuesta vulneración de derechos fundamentales por lo que se considere un detención arbitraria).

Ya en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, los Mossos también han optado por mantener en celdas separadas a Bartomeu y a su ex asesor, una práctica habitual en procedimientos judiciales para evitar que los investigados puedan ponerse de acuerdo en la versión de los hechos y evitar así incómodas contradicciones.

Sin móviles ni ordenadores

Eso sí, los dos imputados recuperaron la libertad sin sus móviles, pues según fuentes jurídicas los Mossos se los requisaron durante los registros policiales, al igual que ordenadores y tabletas que ahora deberán ser analizados exhaustivamente.

Ese análisis determinará en buena medida cuándo declararán ante la juez Alejandra Gil, que dirige la investigación, tanto Bartomeu como el resto de los imputados (además de Masferrer, el responsable de los servicios jurídicos del club, Román Gómez Pontí, y Óscar Grau, CEO del Barça).

Sus abogados tienen dos opciones: pedir su declaración voluntariamente dentro de un plazo razonable para poder conocer a fondo la causa –que oscilaría entre dos o tres semanas– o esperar a que los especialistas en delitos económicos de la Policía catalana plasmen en un primer informe el análisis de toda la documentación incautada. En este último caso, el plazo se alargaría notablemente.

Según fuentes de las defensas, los investigados insisten en que la contratación de I3 Ventures se hizo «de buena fe» y hacen hincapié en que el trabajo de posicionamiento que se les encargó «se hizo» (la auditoría de Price Waterhouse señaló que se habían quedado tareas sin hacer por valor de unos 300.000 euros). Niegan asimismo, según esas mismas fuentes, que se produjese ningún sobrecoste (los Mossos mantienen que se pagó seis veces más que el precio habitual por ese tipo de servicios, en total un millón de euros desde 2017) y que se fraccionaran los pagos para burlar la supervisión del comité de control de la Junta Directiva.

Revés a los denunciantes: no son perjudicados

Esas mismas fuentes muestran su extrañeza por el hecho de que la investigación haya estado un año bajo secreto (aunque la juez no abrió diligencias hasta el pasado mayo) cuando lo que se trata de esclarecer es «un contrato que ya estaba acotado y sobre el que había un trabajo previo de auditoría».

Por otro lado, los ocho socios del Fútbol Club Barcelona, pertenecientes a la plataforma Dignitat Blaugrana, que denunciaron en los tribunales el «Barçagate» no podrán ejercer la acusación particular en la investigación judicial. Según ha podido saber LA RAZÓN, la juez Alejandra Gil no les considera perjudicados, a diferencia de lo que sucede en el caso del club blaugrana, por lo que si quieren seguir ejerciendo la acusación deberán hacerlo a través de la acción popular.

Para hacerlo, lo habitual es que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona les exija una fianza, por lo que los miembros de Dignidad Blaugrana deberían aportar previsiblemente una cantidad económica por determinar para no ser expulsados del procedimiento. Los denunciantes tiene que valorar ahora si están dispuestos a continuar ejerciendo la acusación.