El Gobierno vasco acusa a UEFA y Federación de “chantajearlos”

El consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha acusado este jueves a la UEFA y la Federación Española de Fútbol de haber querido “chantajear” a Bilbao, a Bizkaia y a Euskadi con la decisión de que la capital vizcaína no albergue una de las sedes de la próxima Eurocopa de fútbol.

Zupiria ha señalado, tras un acto celebrado en Bilbao, que la UEFA "ha impuesto a última hora una condición", en referencia a la presencia de público en el estadio, "que no estaba contenida en los contratos en vigor", por lo que los servicios jurídicos de las instituciones vascas implicadas "decidirán qué hacer".

"Querer imponer la presencia de público al margen de la situación sanitaria a mediados de junio es un chantaje", ha denunciado el portavoz, quien ha asegurado que el Gobierno Vasco ha actuado "como debía, con seriedad y responsabilidad".

"Nos resultaría muy difícil explicar a médicos y enfermeras, y a los profesionales de los servicios básicos y de los centros educativos, que han hecho un esfuerzo tremendo para sacar adelante el curso, que hacemos una excepción con la UEFA y que en una situación sanitaria no adecuada permitimos la llegada de miles de personas que ocupen las calles de Bilbao como si no pasara nada", ha indicado Zupiria.

Ha asegurado que la voluntad del Gobierno Vasco ha sido siempre que Bilbao fuera sede de la Eurocopa, para lo que ha hecho "todo lo posible durante cuatro años", cumpliendo todos los compromisos y contratos con la UEFA, que ha sorprendido a las instituciones implicadas "con una exigencia que no figuraba en los contratos y ha roto unilateralmente el acuerdo".

“Nos debemos a la sociedad vasca y a los profesionales de todos los servicios a los que durante un año hemos exigido una responsabilidad especial, así como a la ciudadanía, a la que hemos pedido que cumpliera todas las medidas, y no podemos hacer una excepción con la UEFA”, ha concluido.

También se ha pronunciado hoy sobre este asunto el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha considerado que la decisión de la UEFA es “la crónica de una decisión anunciada” que puede tener “cariz político” y ha adelantado que su gobierno está analizando el contrato suscrito para decidir si pide o no una indemnización económica por la cancelación.