El coste salarial se dispara un 43% en la España vaciada

El campo está agitado. Y no se trata de «terratenientes carcas» ni de «hacendados o cortijeros» agitados por la derecha, como ha asegurado el líder de UGT, Pepe Álvarez. Los agricultores, de toda clase y condición, ya no aguantan más la competencia desleal de mercados donde, como en Marruecos, el coste de la mano de obra diaria, de los jornaleros, es hasta catorce veces inferior al que soportan los productores españoles: 69 euros por día en España por apenas 5 euros al día en Marruecos. Esto eleva el precio en origen del kilo de tomate, por ejemplo, hasta los 60 céntimos, mientras las importaciones marroquíes, unos 400 millones de kilos anuales, se quedan en 46 céntimos el kilo. Además, los productores agrícolas tienen que soportar la abismal diferencia entre la venta en origen y los precios que pagan los consumidores, que alcanzan hasta un 700%, como en el caso de las patatas, o un 600%, como en el caso del brócoli, el calabacín o el repollo. Para acabar de dar la estacada, la subida del SMI a 950 euros, firmada ayer por los agentes sociales con toda la pompa monclovita –Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluidos– ha colmado la paciencia de los agricultores, que se han lanzado a las carreteras y amenazan con un febrero más que caliente al Gobierno, que a este paso tendrá que hacer caso de las peticiones de la patronal CEOE o del propio presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, que han solicitado una mesa de negociación para analizar el impacto de la aplicación del nuevo SMI en el sector agrícola. Una mesa que, según pudo recabar ayer LA RAZÓN, los sindicatos de clase aceptan de buen grado para incorporar a las organizaciones agrarias y a los representantes de los trabajadores del campo en el diálogo social.

Los productores agrícolas se quejan de que en un contexto de caída de la renta agraria (-8,6% en 2019) y de entrada sin control de importaciones que no cumplen con las mínimas garantías sociales, laborales y salariales de los trabajadores, resulta inasumible para las pequeñas y medianas explotaciones el alza del SMI. Según los análisis de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el coste laboral de la subida del SMI a 1.000 euros en 14 pagas para una explotación media, con entre dos y tres trabajadores, suponía un aumento del 50,4% de los costes laborales para los agricultores, al pasar de 967 euros por trabajador al mes en 2018 a 1.455 euros en 2020. Con ese mismo modelo, la subida del SMI a 950 euros supone una alza de los costes laborales para los productores agrícolas hasta el entorno de los 1.380 euros, un incremento del 42% respecto a los de 2018. Ante este escenario, las organizaciones agrarias amenazan con intensificar las movilizaciones que iniciaron el pasado miércoles, hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez se siente a negociar con los agricultores «medidas compensatorias para los profesionales agrarios, vía bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF».

Manifestación el miércoles en Madrid

Ayer, los olivareros cortaron las principales carreteras de la provincia de Jaén. Desde primera hora de la mañana, comenzaron las acciones en Despeñaperros, a la altura de La Carolina, con la quema de neumáticos y el corte de carriles. A lo largo del día, cientos de tractores y de vehículos colapsaron carreteras secundarias. Los olivareros jienenses se han declarado en «movilización permanente» hasta que se establezcan medidas para revertir la situación de bajos precios. Las protestas prosiguen hoy, en Soria y Ávila, y se reanudan el lunes. El próximo miércoles está convocada a las 11 de la mañana una gran manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Y así hasta finales de mes. El campo fue el único sector económico que destruyó empleo el pasado año (-31.700), lo que contrasta con el alza de la ocupación registrada durante cuatro años desde 2015. La cifra de parados subió en 2019 en 11.000 personas tras cuatro años de descensos. Según un estudio de CC OO, el 44% de los trabajadores del campo cobra 950 euros.