El campo, en lucha por la supervivencia: “Nos están arruinando. Al final cerraremos todos”

Están cercenando las raíces del campo sin necesidad de poner un pie en él. La tradición agrícola en España está herida de muerte y los agricultores no están dispuestos a llorar su pérdida. «Esto ya no es un reto de los agricultores, sino de la sociedad entera. Hemos abierto la veda y va a ir a más», advierte Juan Antonio Álvarez Lázaro, agricultor extremeño. El cordón sanitario impuesto por las protestas de los agricultores intenta impedir que las políticas que están envenenando los cultivos acaben extendiéndose a toda la economía española. «Un pueblo es una cadena. Si el agricultor no gana, no se dan peonadas, los constructores no hacen obras porque no hay dinero para hacer casas, las maquinarias agrícolas no se venden porque no las pueden comprar y los bares no ponen copas porque primero hay que comer», explica Montse González Herrojo, directora técnica de Apag Extremadura en Don Benito (Badajoz), lugar en el que se produjeron las cargas policiales contra manifestantes agrícolas.

«Si no fuese por las penurias, yo con el campo sería el hombre más feliz del mundo», cuenta Agapito De Paz Coronado con gesto torcido. Embarrado hasta las espinillas, este agricultor revela con una sola imagen la dureza de la situación. A la derecha, una tierra desnuda que descansa hasta que su propietario decida si merece la pena seguir cultivándola. A la izquierda, un campo de trigo intensivo que conlleva menos mano de obra, la alternativa a la que están recurriendo los agricultores para evitar pérdidas. No para amasar grandes fortunas, sino para esquivar la ruina. Diversificar las cosechas ya no vale de nada. «Están mal todos los sectores», señala Juan Antonio. La situación actual solo se puede asemejar a los años de sequía. «El problema es que en dos años han subido un 30% los costes en mano de obra. Si antes nuestra rentabilidad era justa, ahora los gastos podrían superar a los ingresos», cuenta Agapito con el consenso de sus compañeros de profesión. La paz del campo ha sido perturbada por la psicosis y el estrés. Si el salario mínimo continúa su tendencia al alza hasta los 1.200 en 2023, «nadie trabajará, cerraremos todos y no podremos emplear», lamenta Juan Antonio. «Al final no se pagará nada porque no habrá trabajo», apostilla. Simplemente con la subida de 2019 hasta los 900 euros mucha fruta y mucha verdura se quedó en el suelo, ya que el coste de recolección superaba al beneficio recibido, constatan desde Apag. Esta medida no solo no se adapta al sector agrícola y al nivel de vida de comunidades alejadas de la capital española, sino que acaba beneficiando a aquellos contra los que la coalición socialcomunista dice luchar: los oligopolios. «Las pequeñas empresas irán desapareciendo y los cultivos caerán en manos de grandes empresas», afirma Agapito. De hecho, en la zona de Vegas Altas los pequeños fruticultores ya están desapareciendo.

«El jornalero se merece ganar dinero. Es su esfuerzo», defiende Agapito. Esto no es una guerra, no son patrones contra campesinos, afirman frente a las acusaciones de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que calificó a los agricultores como «derecha terrateniente y carca». Estos supuestos cortijeros han hipotecado su futuro por su tierra, «por Extremadura». Trabajan el campo, lo aran, lo siembran y lo curan, y pese a ello, todo por lo que han luchado se puede ir «al garete». «Los agricultores se están arruinando, los bancos se están quedando con la finca y las tierras de muchos de ellos», comenta Juan Antonio. A modo de psicólogos, las asociaciones intentar atenuar la desazón de los agricultores que, si pudieran volver atrás, elegirían otro camino. Esta asfixiante situación a la que están sometidas miles de familias tiene su origen en una legislación que procede de altas esferas que no conocen la realidad del campo. «Que pisen una explotación, que se levanten con ellos por la mañana, que se monten en el tractor, que coman con una tartera la comida fría, que se queden sin el café de la tarde porque tienen que seguir allí y cuando se haga de noche, que vuelvan a casa. Cuando vean eso, legislarán de otra manera», reclama la directora técnica de Apag. Por el momento, el lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunirá con los representantes agrarios en una mesa de diálogo.

Los agricultores están viajando en el tiempo. Los precios a los que se paga el kilo de sus productos son idénticos a los de hace 30 años. La diferencia es que el riesgo que corren ahora es mucho mayor. La extensión de la explotación de un propietario agrícola debe duplicar o triplicar a la de 1990 para aspirar a una cierta rentabilidad. Mientras que en cualquier gran distribuidora el kilo de fruta ronda los dos o tres euros, el agricultor recibe por esa misma cantidad alrededor de 20 céntimos. Sin saber ni siquiera cuánto van a recibir por ello, debido a la imposibilidad de fijar los precios, muchos se ven obligados a pasar por el aro, aceptando pagos ridículos, «ya que es preferible que te paguen algo y tarde a que no te paguen nada», explica Montse. Juan Antonio apunta directamente a la competencia desleal. Toda la legislación que protege a los trabajadores y la salud de los consumidores de poco vale, ya que, al final, se están consumiendo productos de terceros países que no siguen las normas de sanidad europeas, que son producidos sin los costes que se tienen en España, y con unas medidas mucho más benévolas. Este es el gran problema, al que ahora se le han sumado otras trabas como la desmedida burocracia, la cuota de autónomos y la falta de protección europea.

¿Quién quiere trabajar en el campo?

«No tengo ganas de que mis hijos se metan en el campo. Cuando acabe mi vida laboral, mi campo también se acabará». Agapito no desea para sus hijos un futuro de sacrificios sin recompensas. Los jóvenes evitan el trabajo agrícola. Por lo tanto, no hay ningún tipo de relevo generacional. En concreto, la agricultura fue el único sector que destruyó empleo el año pasado (-31.700), según la última Encuesta de Población Activa (EPA). El número de parados aumentó en 11.000 personas en comparación con 2018 y la renta agraria sufrió su mayor caída desde la crisis (-9,5%). Los únicos que se incorporan es por tradición, por arraigo a la tierra. Sin embargo, el 90% de los jóvenes que deciden embarcarse en este sector sin respaldo familiar acaban ahogados por las deudas.