Niño Becerra, economista, desmiente el mito de los funcionarios españoles: "Siempre se ha puesto como el país con una mayor carga de funcionarios"

Que el modelo sueco se sustenta en un formidable estado del bienestar es algo de sobra conocido, pero la cifra que lo respalda sigue siendo impactante. En el país escandinavo, casi uno de cada tres trabajadores está al servicio de la administración pública, lo que supone un rotundo 30 % de la población activa. Este dato, lejos de ser una anomalía, representa la máxima expresión de un modelo europeo donde lo público juega un papel central en la cohesión social y económica. Este robusto sector público es el pilar que sostiene servicios esenciales para la ciudadanía, incluyendo el sistema de pensiones, cuyo futuro es objeto de un profundo debate sobre cómo vincular la jubilación a la esperanza de vida.

En este contexto, la percepción de una España sobredimensionada en su sector público se tambalea. El economista Santiago Niño Becerra expone que las cifras oficiales sitúan el empleo público en nuestro país por debajo del 14 %, lo que nos coloca no solo a una distancia abismal del ejemplo nórdico, sino también entre las naciones con una de las tasas más bajas de todo el continente. El debate, por tanto, parece partir de una premisa errónea, alimentada por un cliché persistente más que por una evidencia empírica.

De hecho, ni siquiera es necesario viajar hasta el norte de Europa para desmontar el mito. Basta con mirar a nuestro vecino más cercano: Francia, cuyo porcentaje de funcionarios roza el 17 %. Esta comparativa directa, que se aleja de la excepcionalidad, dibuja un panorama en el que el modelo español es más modesto que el de muchos de sus socios.

El mito del funcionario español frente a la balanza europea

Por otro lado, el economista subraya que la frecuente comparación con Estados Unidos resulta poco rigurosa, ya que obedece a un modelo de Estado distinto en su propia concepción. La tradición norteamericana ha apostado históricamente por una administración pública mucho menos extensa que la desarrollada en el viejo continente, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la construcción del estado del bienestar exigió estructuras públicas muy robustas.

En definitiva, el relato de una administración española desmesurada es un tópico que se desvanece al confrontarlo con las cifras. Si bien el debate sobre la eficiencia en la gestión de los recursos públicos siempre será necesario y pertinente, la fotografía comparada demuestra que, en el contexto europeo, el problema de España no es, ni de lejos, un exceso de funcionarios. Es una falacia que los datos se encargan de corregir de manera contundente.