El Gobierno ha materializado hoy el traspasado de las competencias de la Seguridad Social al País Vasco. El acuerdo de investidura para que los nacionalistas vascos apoyasen a Pedro Sánchez contemplaba cumplir con las transferencias pendientes para el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Y una de ellas era la Seguridad Social. Lo que, en principio, se ha traspasado el Ejecutivo vasco es la gestión económica de las cotizaciones y prestaciones. En ningún caso, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se romperá la caja única del sistema, la herramienta de solidaridad que permite el cobro de las pensiones en todas las comunidades con independencia de que los cotizaciones de los territorios cubran las nóminas. En realidad, ni al País Vasco ni a Cataluña, siempre reivindicativas en esta cuestión, les saldrían las cuentas para tener un sistema propio de pensiones. Si el sistema estuviese íntegramente transferido, con sus recursos y sus gastos, a las comunidades autónomas, doce de ellas, incluidas Cataluña y el País Vasco, estarían en situación deficitaria, según asegura el estudio «Las pensiones en las comunidades autónomas», confeccionado para el BBVA por José Antonio Herce, uno de los principales expertos en longevidad y pensiones en habla hispana.

Agujeros

Según el análisis de Herce, realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Trabajo, los ingresos por cotizaciones en Cataluña suman 20.061 millones de euros, mientras que los gastos ascienden a 22.909 millones, lo que arroja un déficit de 2.848 millones de euros. En el País Vasco, el agujero alcanzaría los 2.213 millones de euros, fruto de una recaudación de 6.555 millones de euros y unos pagos de 8.769 millones de euros. En ambos casos, el desequilibrio es fruto de una relación entre afiliados y pensiones que está por debajo de 2: 1,9 en el caso de Cataluña y 1,7 en el del País Vasco.

El sistema de la caja única otorga al Estado la potestad de recaudar todas las cotizaciones a nivel nacional para luego distribuirlas entre los pensionistas con independencia de su lugar de residencia. Esa solidaridad territorial constituye, según Herce, «una de sus principales fortalezas». «Las regiones con mejores tasas de soporte –de los flujos de afiliados y pensiones– son las que financian en parte a las regiones con las peores tasas de soporte, que son la mayoría».

Sólo cuatro autonomías, Madrid, Canarias, Murcia y Baleares, tendrían superávits con sistemas de pensiones autónomos y, por tanto, pueden ayudar al resto con el actual. La que más lo hace es Madrid. Con la ratio de cotizante-pensiones más elevada de España, 2,6, tiene un superávit de 2.074 millones de euros. El de Baleares es de 506,9 millones de euros, el de Murcia de 231 y el de Canarias, de 164. Galicia y Castilla y León se situarían en el otro lado de la balanza. La primera tendría un déficit de 3.013 millones de euros y un futuro más que comprometido, pues su ratio entre cotizantes y pensiones apenas alcanza el 1,3. En Castilla y León, esa relación es algo mejor, de 1,5, aunque su agujero alcanza los 2.877 millones.

La situación más crítica, sin embargo, es la de Asturias. Con una ratio de sólo 1,2 cotizantes por pensión, sus ocupados no aportan ni la mitad de los recursos que necesitan sus pensionistas. Mientras su recaudación por cotizaciones es de 2.084 millones, su gasto en pensiones es de 4.586 millones, según las estimaciones del BBVA. El principal causante de tamaño desajuste es el pasado industrial con altos salarios de esta región. Esta circunstacia ha dado lugar al pago de pensiones muy elevadas. De hecho, la media en esta comunidad es de 1.085 euros al mes, sólo superada por el País Vasco –1.142– y Madrid –1.087–. En el caso de las pensiones de jubilación, sólo son más altas en el País Vasco –1.314 euros– que en Asturias –1.293–.

La transferencia de la Seguridad Social no sólo complicaría a algunas autonomías cumplir con los pagos de las pensiones. Según el estudio, en el caso de Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria podría acarrearles también «severos desequilibrios que les impedirían, seguramente, cumplir sus compromisos de pensiones o los de otros programas autonómicos del estado del bienestar como la educación o la salud adecuadamente».